Domingo, 19 Mayo 2024
giweather joomla module

La exintendente fue condenada como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración publica a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Además, quedó inhabilitada de por vida para el ejercicio de las funciones públicas.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros, resolvió por unanimidad, condenar a Aída Ayala como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para el ejercicio de las funciones públicas y multa de 90 mil pesos que deberá ser efectiva en términos de 30 días de quedar firme la sentencia.

Además, el TOF mencionó que Ayala deberá, por el mismo tiempo de la condena, fijar residencia que no podrá modificar sin el previo conocimiento y autorización. También deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados por el término de dos años. Cabe recordar que la causa actual se originó en una denuncia presentada años atrás por el entonces diputado provincial Ricardo Sánchez, juntos a varios de sus pares que acompañaron con su firma.
Aída Ayala se desmayó luego de escuchar su condena.

Jacinto Sampayo: fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activo a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multas de dos veces el monto de la operación. Además, decomisar los bienes que han sido instruídos productos y proovecho del lavado de activo, con accesorias legales y costas.

Daniel Fischer: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos 6 años y 6 meses de prisión.
Daniel Fischer.

Carlos Huidobro: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de coautor 5 años y 6 meses de prisión.

Pedro Alberto Martínez: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos en carácter de co autor a la pena de 5 años y 6 meses.

Eulalio Bouza: partícipe necesario condenado a 4 años de prisión y multa de dos veces el costo de la operación.

Rolando Javier Acuña: participe secundario condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de una vez el costo de la operación. También le impusieron reglas de conductas similares a las de Aída Ayala.

Luis Guillermo Escobar: partícipe secundario condenado a 3 años de prision de ejecución concidional y multa una vez el costo de la operacion.

Fueron absueltos : Natalia Soledad Martinez Guarino, Fátima Jessica Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Alberto Martínez Guarino, Enrique Baumwollspinner, Elsa Graciela Martínez, Cristian Adrián Zapata y Víctor Hugo Quiróz.

LA MOVILIZACIÓN AFUERA DEL TOF ANTES DE LA LECUTRA DEL VEREDICTO

Previo a la lectura de la sentencia, un grupo de jubilados municipales se congregaron afuera del TOF para manifestar su apoyo a la exintendente y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Grupo de jubilados municipales que se congregaron afuera del TOF para apoyar a Sampayo y a Ayala.

Algunos minutos pasadas las 12 del mediodía, la actual diputada provincial, Maida With (hija de Aída Ayala) arribó al TOF acompañada de amigas y familiares.

LA PALABRA DE AÍDA AYALA PREVIO AL VEREDICTO

La exintendente de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, habló con la prensa minutos antes de conocer la sentencia. "Después de siete años y estos 8 meses de debate, estoy con todas las expectativas, que Dios ilumine a los jueces, que gane la justicia y que gane la verdad. Hay que vencer a la corporación", dijo.
Aída Ayala.

LAS FRASES MÁS CONTUNDENTES DE AÍDA AYALA

-"Estoy tranquila porque la verdad siempre triunfa, siempre hay más opciones para continuar".

-"¿Por qué fuí juzgada? Porque en el 2017 destruyeron mi carrera política para sacarme de la cancha.

-"Nosotros llamamos a licitación para alquiler de camiones, hicimos el contrato y ese mismo contrato continuó en la época de Capitanich y de Gustavo Martínez. Resulta que ese mismo contrato que estuvo en vigencia hasta ahora, cuando estuve yo era ilegal y resulta que Capitanich lo abandonó".

-"Capitanich en un momento determinado era intendente, presidente de PIMP y además estaba en la Justicia".

-"En caso de ser absuelta, mi día a día seguirá como hasta ahora. Yo paseo por las calles, camino, hago compras, voy a la carnicería, hago vida de familia y atiendo a los dirigentes".

EL PUNTO INICIAL

La causa se inició en enero de 2018 luego de una llamada telefónica anónima a la Policía Federal, en la que un hombre denunció ser empleado municipal y estar cansado del "maltrato y aprietes" de Jacinto Sampayo y su hijo Facundo. Según la denuncia, los Sampayo pedían dinero al personal y sus familias bajo amenazas. La llamada también mencionaba el manejo de "mucha plata" y la supuesta participación en la empresa encargada de la recolección de residuos en Resistencia.

Estas acusaciones llevaron a una investigación en el fuero federal de la Justicia, que dos meses después formuló un requerimiento de instrucción contra los imputados por presuntas maniobras de lavado de activos, corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, entre otros delitos relacionados.

En poco tiempo, se estableció una red de relaciones entre personas no mencionadas en la llamada original, lo que llevó al nombre de la ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, entre otros imputados.

La acusación fiscal sostiene que Aída Ayala y Jacinto Sampayo lideraban una organización destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos municipales a través de personas de su confianza. Se les acusa de manipular procesos de licitación para beneficiar a un grupo empresario conformado para ese fin, con integrantes que actuaban bajo su dirección.

Según la fiscalía, Pedro Alberto Martínez habría prestado su nombre a Carlos Huidobro, sobrino de Sampayo, para aportar camiones a PIMP SA, empresa en la que Alfredo Bouza también fue señalado como socio. La fiscalía también menciona la empresa "Recifis", creada por Daniel Alejandro Fischer, ex novio de la hija de Ayala, para obtener un contrato de recolección de residuos. Se señala que los procesados formaron una organización para obtener beneficios económicos a través de licitaciones municipales, valiéndose de sociedades para ocultar la identidad de los verdaderos dueños, lo que constituiría delitos de lavado de activos.

El Ministerio Público Fiscal afirmó que la organización fue sumando personas que aportaban medios y nombres para construir un entramado societario destinado a ocultar a los verdaderos dueños y blanquear fondos ilícitos.



Fuente: diariochaco.com

El Equipo Fiscal Especial encargado de llevar adelante la investigación de la muerte de Cecilia Strzyzowski en la causa 22.632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/femicidio» ha firmado y notificado a las partes el requerimiento de elevación a juicio contra las siete personas detenidas, las cuales tienen confirmada la medida de prisión preventiva. Las imputaciones quedaron definidas de la siguiente manera:

– Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art.  80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

– Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

– Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

Meticuloso análisis
Los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Omar Cáceres Olivera y Nelia Yael Velazquez señalaron que la nueva imputación, que readecua los roles de cada uno de los acusados, «es el resultado de un meticuloso análisis de las pruebas reunidas durante la investigación. Esta medida se basa en una decisión respaldada por la evidencia, con el fin de llevar el caso ante un jurado popular. Cesar Sena es señalado como autor material del homicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña son considerados partícipes primarios, afrontando la misma pena, la de prisión perpetua».

En tal sentido remarcaron que «aunque al principio de la investigación se manejaron distintas hipótesis, incluida la coautoría, por la cual fueron intimados Cesar Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, tras un nuevo análisis del caso, una vez concluida la investigación penal preparatoria, el Equipo Fiscal Especial entendió que esta teoría del caso es la más sólida para presentar ante el jurado».

«Esta determinación fue debidamente informada a los abogados representantes de la querella», explicaron.

 

 

Fuente: chacoenlineainforma.com

 

La Sala II de Casación de la provincia de Buenos Aires revirtió la absolución del vecino de la socióloga y dictaminó la nueva condena.

La Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense firmaron un fallo histórica: revirtieron la absolución por mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro dictada en 2022 y condenaron a prisión perpetua a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce.

La resolución llega de la mano de los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño 21 años y cinco meses después del asesinato de la socióloga, que transcurrió por un largo derrotero judicial.

Según el escrito, para los magistrados de Casación no quedan dudas de que Pachelo fue quien el 27 de octubre del 2002 ingresó a la casa del matrimonio García Belsunce-Carrascosa, ubicada en el country Carmel, con intención de robarles. En ese contexto, asesinó a María Marta de cinco disparos en su cabeza.

Cabe recordar que Pachelo había sido juzgado en 2022 por el homicidio de la socióloga, pero sólo fue condenado por robos en diversos countries y por eso está preso en el penal de Gorina.

Ese 3 de diciembre de 2022, los jueces Esteban Andrejin y Osvaldo Rossi votaron la absolución. Distinta fue la consideración del presidente del TOC N°4, Federico Ecke, que optó por la condena condena y también criticó de forma sugesrente a sus compañeros de tribunal cuando dio sus argumentos. Citó a Hamlet, diciendo: "Algo huele mal en Dinamarca".

Luego de la sentencia, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González apelaron la resolución del TOC N°4 con un duro texto.

"El asesinato perfecto fue hasta ahora el olvido. Han vuelto el mundo un poco peor. A su parecer preconcebido, a María Marta García Belsunce no la mató nadie o, lo que es peor, fue un plan orquestado por su familia, ya absuelta de culpa y cargo... Estaban, y están aquí, en juego cuestiones de institucionalidad", sostenían en el escrito que alzaron a Casación sobre el fallo absolutorio al que tildaron de arbitrario y preconcebido informó infobae.

La apelación llegó para la Navidad de 2022 a Casación. Desde entonces, fueron poco más de 15 meses de deliberación por parte de los jueces Mancini, Hebeca y Budiño hasta que arribaron al fallo que se conoció en las últimas horas. Según fuentes de ese tribunal, los magistrados no sólo leyeron la sentencia y la apelación, también observaron en tiempo real la totalidad de las audiencias del juicio.

Asimismo, la localización de Pachelo minutos antes y después del crimen, en base a los impactos de la señal de su celular en las distintas antenas. Desde el momento en que la investigación determinó que María Marta fue asesinada, Pachelo sostuvo una coartada. Dijo una y otra vez que aquel día salió del Carmel cerca de las 17.30, es decir una hora antes del horario en que se fijó la muerte de García Belsunce.


Fuente: diariochaco.com

El fallo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los procesados por 31 millones de pesos.

El Juzgado Federal N°1 de Resistencia procesó hoy sin prisión preventiva al piquetero Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña y al dirigente social Osmar Quintín Gómez por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral".

Cabe recordar que, Emerenciano y Acuña, padres de César Sena, están procesados con prisión preventiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que desapareció en junio del 2023. Este nuevo fallo también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los tres hasta cubrir la suma de 31 millones de pesos.

La causa había sido impulsada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre otros querellantes, en el marco de la ejecución de las viviendas del programa Sueños Compartidos, que había sido otorgada a las organizaciones sociales que comandaban los denunciados en 2008.


Osmar "Quintín" Gómez.

La Cámara Federal ordenó reabrir el expediente luego del femicidio de Cecilia Strzyzowski. La Justicia investiga la culpabilidad de los tres por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral mediando engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad; calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas".

En ese marco, el fiscal Patricio Sabadini recolectó los testimonios de más de 30 trabajadores que narraron las situaciones de abuso que habrían sufrido por parte de los referentes piqueteros.


Fuente: datachaco.com