La exintendente de Resistencia declaró ante la Justicia y rechazó la idea de corrupción en su mandato. Además aseguró que los contratos con la empresa de recolección de residuos PIMP siguieron en las gestiones de Capitanich y Martínez.

La causa comúnmente conocida como "Lavado II" sigue su rumbo y este lunes le tocó ampliar la declaratoria a una de sus principales imputadas, la exintendente de Resistencia, Aída Ayala. Los testimonios de la exdiputada nacional tuvieron lugar en el Tribunal Oral Federal de Resistencia donde rechazó la existencia de enriquecimiento ilícito durante su mandato.

En una presentación que tuvo más de una hora y media de duración, Ayala se defendió de las acusaciones en su contra y justificó que fue una "intendente exitosa". Es preciso destacar que, la exlegisladora está imputada por presunto lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y asociación ilícita y otros delitos precedentes relacionados.

"Yo sé que me van a recordar como una buena intendente, pero estos señores me partieron al medio, con esto se acabó mi carrera política", expresó quien buscó nuevamente ser la jefa comunal en las elecciones 2023.

Para adentrarnos en el contexto, es preciso mencionar que todo se originó en el 2014 cuando el municipio contrató la empresa de recolección de residuos PIMP SA – nombre por el cual también es conocida la causa-, para que realice sus servicios en la capital chaqueña.

Tras idas y vueltas y periodos lentos de la Justicia, el proceso judicial retomó su cauce y Ayala debió ampliar sus declaratorias. Entre lágrimas comentó que todos los bienes que tiene, especificando su casa y su automóvil, fueron a costa de su trabajo y que todo el accionar judicial les costó su matrimonio. "Los hombres se asustan a veces y sabíamos lo que comíamos, lo que vivíamos, qué comprábamos, lo saben todos los vecinos", dijo.

"Ojalá puedan entender que no somos todos los mismos. Dejé mi vida por la ciudad de Resistencia", aseguró quebrada Ayala y añadió: "Sé que me van a recordar como una buena intendenta, pero estos señores me partieron al medio, con esto se acabó mi carrera política. Esto no es justo. Solamente estoy pidiendo verdad y justicia", continuó.

En consonancia con las acusaciones brindadas por el Ministerio Público Fiscal, argumentó que durante su gestión no se impulsaron medidas para favorecer negociados y advirtió que todo fue desarrollado por los equipos técnicos del Municipio.

Asimismo, aclaró que la jefe comunal "no participa de ese proceso, nosotros no tenemos contacto con los proveedores de la Municipalidad, para eso está todo el estamento técnico".

Seguido, la exintendente especificó que los contratos y las licitaciones no solo fueron firmadas por ella, sino que también su equipo estuvo encargado de firmar cada documento.

"El Ministerio Público insiste que esto fue un arreglo para contratar a una empresa, que se hicieron resoluciones, leyes a medida, y eso es falso. Ese fue el motivo por el cual yo estoy aquí procesada, que luego siguió y trascendió las gestiones. Si era una banda contra otra banda, si eran todos corruptos, por qué Capitanich siguió con este contrato, por qué Gustavo Martínez siguió hasta el final", aseveró.

Ayala también apunto contra Capitanich y dijo que el gobernador no renegoció los contratos con PIMP. "No hizo la denuncia a la justicia, era mediática, pero sirvió para que el Ministerio Público tomara eso. No sé cómo llegó a la justicia federal, bueno, porque me acusaban de lavado de dinero", manifestó.

 "Si yo tenía un negocio con esa empresa para lavar dinero, cómo sigue el mismo contrato, denunciado por el mismo Capitanich, en un 49% se ejecuta. Es que estaba bien hecho, es que era lícito. No se hace eso de decir cualquier cosa en campaña proselitista, porque afecta a personas, a seres humanos", expuso la exlegisladora.


Fuente: diariotag.com

Estaba previsto que el juicio se pueda realizar este año, sin embargo desde febrero está frenado debido a que la Justicia no logra reunir a los integrantes del jurado popular.

El caso conocido como el "doble homicidio del barrio Santa Mónica" ocurrido en de junio del año 2022, aún debe esperar unos meses más antes de que se lleve adelante el juicio. Si bien la causa ya fue elevada a la Cámara Criminal N°1 de Sáenz Peña y con la modalidad de jurado popular, aún resta definir quiénes integrarán el tribunal ya que los integrantes deben ser de comunidades originarias y criollos.

La causa llegó a la Cámara Criminal N°1 en febrero y desde entonces está frenado el juicio debido a que no se pudo constituir dicho jurado. Asimismo, el abogado Daniel Burlli adelantó que, en caso de constituirse sin presencia de originarios, pedirá la nulidad.

Estaba previsto que el juicio se pueda realizar este año, sin embargo, desde el mes de febrero está parado. Son dos causas distintas, pero solo una se elevó a juicio y es la que corresponde a la muerte de Gustavo Rufino donde hay cuatro personas detenidas.

Una de las mujeres imputadas bajo la sospecha de provocar la muerte a Rufino fue imputada por el delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y premeditado de dos o más personas todo en concurso real" y ahora también el delito por "daños y lesiones".

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el mes de junio del año pasado y las muertes se produjeron luego de un primer enfrentamiento entre dos personas: un hombre de 36 años, Luis Pereyra y un menor de 17. Como consecuencia de ese ataque a golpes, Pereyra falleció cuando llegó al Hospital 4 de junio. Por este hecho el menor identificado como A.E.R fue detenido.

Tras esa muerte, familiares y vecinos del occiso fueron hasta la casa del supuesto autor del hecho y atacaron al padre del joven al que lo golpearon hasta matarlo y luego le prendieron fuego. Todo el ataque quedó filmado en distintos video caseros que fueron rápidamente viralizados.


Fuente: diariotag.com

Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su ex pareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También imputó a Clerici.

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.


Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde.

En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.

Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.
Investigan los 200 viajes que hizo al exterior

En medio de la investigación por lavado de dinero a la que está siendo sometido Insaurralde, Migraciones entregó a la Justicia los registros de los viajes hechos por el dirigente lomense, que fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola.

Según este informe, entre el 1999 y este año hay más 200 entradas y salidas del exfuncionario en la mira. En ese marco, se busca aclarar cuáles fueron viajes oficiales, conectados con sus funciones y cuáles fueron vuelos privados.

Los registros detallan las entradas y salidas del dirigente en el periodo de enero de 2020 hasta septiembre de este año, donde el destino más recurrente fue los Estados Unidos. Solo en lo que va de este año fue al país norteamericano dos veces, en enero y julio. También había viajado a España antes de las vacaciones que tuvo con Sofia Clerici: fue entre el 28 de junio y el 4 de julio.

En 2022, viajó una vez a Francia, dos veces a Estados Unidos y una vez a Paraguay. Llama la atención la salida hacia el vecino país, ya que fue en vuelo privado (en el registro figura "traslado particular") y luego continuó a Estados Unidos. La Justicia busca determinar si Insaurralde viajaba en vuelos de línea o aviones privados, porque los costos de los vuelos son diferentes. La manera en que costeó los viajes y los motivos de esas salidas también son desconocidos hasta ahora.

Por otro lado, en 2021 solo se registra un viaje a Estados Unidos. En 2020, viajó una vez a Uruguay, dos veces a Colombia y otra a Estados Unidos.

Fuente: NA