Jueves, 15 Octubre 2026
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El primer operativo está previsto del 25 al 31 de octubre, mientras que el segundo se realizará del 30 de noviembre al 5 de diciembre, alcanzando distintos puntos del territorio chaqueño.

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, confirmó la realización de nuevos operativos territoriales en El Impenetrable chaqueño durante el segundo semestre del año. Las acciones se desarrollarán en octubre y diciembre, con asistencia alimentaria, agua potable y atención integral de salud en comunidades y parajes de difícil acceso.
La intervención contempla la asistencia a más de 5.000 familias, distribuidas en 48 localidades y parajes de difícil acceso.

Durante los operativos se realizará la distribución de módulos alimentarios y bidones de agua potable, además de brindar atención integral de salud y otros servicios destinados a acompañar a las comunidades.

La iniciativa se llevará adelante mediante un trabajo articulado entre el Gobierno del Chaco y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el apoyo logístico del Ejército Argentino, para garantizar el despliegue de los equipos y recursos en zonas donde las condiciones de acceso requieren una logística especial.

El Gobierno del Chaco remarca la presencia territorial en El Impenetrable, acercando asistencia y servicios esenciales a las familias de las comunidades y parajes más alejados.


Fuente: chacodiapordia.com

El Ministerio Público Fiscal de la Nación aprobó los lineamientos institucionales para el uso y la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial dentro del organismo, mediante la Resolución PGN N°64/2026.

La normativa establece un marco general y obligatorio para el uso, diseño, desarrollo y adquisición de tecnologías basadas en IA y alcanza a la totalidad de las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal, así como a las dependencias que cumplen funciones de planificación, control de gestión o auditoría cuando evalúan o supervisan la utilización de estas herramientas.

La resolución fue aprobada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y establece pautas destinadas a ordenar la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El régimen contempla tanto las herramientas utilizadas por las distintas dependencias como los procesos vinculados con el eventual desarrollo o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas, bajo procedimientos institucionales destinados a evaluar su factibilidad y los riesgos asociados.
El nuevo marco fue elaborado por el Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal, creado mediante la Resolución PGN N°14/2025. Para su elaboración se tomaron como referencia los resultados de un relevamiento institucional publicado en agosto, que permitió reunir información sobre el conocimiento, el uso y las percepciones del personal del organismo respecto de esta tecnología.

La normativa plantea dos objetivos centrales para la incorporación de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal. El primero consiste en establecer una guía general que permita orientar el desarrollo y la utilización confiable de estas herramientas. El segundo apunta a consolidar un lineamiento ético, jurídico e institucional destinado a encuadrar su incorporación dentro de las funciones del organismo y procurar que su utilización contribuya a un servicio público de justicia más eficiente.

Principios para su uso

Los lineamientos establecen principios rectores para orientar el uso ético, seguro y responsable de la Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal.

La regulación se incorpora en un contexto caracterizado por la expansión de las herramientas tecnológicas y por el incremento de su utilización en diferentes ámbitos de actividad, con pautas específicas para su aplicación dentro de una institución vinculada al servicio de justicia.

La normativa establece que la Inteligencia Artificial debe ser concebida como una herramienta complementaria dentro de las actividades del organismo. En ese sentido, determina que estas tecnologías no pueden reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones relacionadas con conflictos humanos, manteniendo esas funciones bajo responsabilidad de las personas que intervienen en los procedimientos correspondientes.

El marco aprobado también contempla la necesidad de adoptar medidas estratégicas destinadas a establecer una adecuada gobernanza tecnológica.
Los lineamientos señalan que esta gobernanza debe garantizar un control humano significativo durante las distintas etapas de utilización de las herramientas de Inteligencia Artificial y contemplar el debido resguardo de los derechos fundamentales.

La resolución incorpora además una restricción específica sobre el tratamiento de información mediante herramientas de acceso público. De manera transitoria, queda prohibido ingresar información reservada o vinculada con actuaciones de causas en trámite, datos personales y datos sensibles en modelos o herramientas de Inteligencia Artificial de acceso público, incluidos los chatbots abiertos.

La prohibición tendrá carácter transitorio hasta que se establezca una regulación específica para el uso individual de estas herramientas dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

De esta manera, la normativa diferencia entre las herramientas públicas disponibles en el mercado y aquellas soluciones cuyo uso pueda ser regulado institucionalmente para responder a las necesidades operativas del organismo.

Procedimiento progresivo

La Resolución PGN N°64/2026 también define un procedimiento institucional para la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial.
Las dependencias que identifiquen necesidades vinculadas con esta tecnología deberán canalizarlas mediante un circuito establecido por la propia normativa, que contempla instancias de evaluación antes de avanzar con nuevos desarrollos o adquisiciones.

Ese circuito incluye el análisis de los riesgos asociados a cada propuesta y la determinación de su factibilidad técnica y jurídica.
El procedimiento procura establecer condiciones institucionales para evaluar las herramientas antes de su incorporación y determinar si los desarrollos o adquisiciones propuestos resultan compatibles con las necesidades y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal.

Supervición permanente

El Programa de Inteligencia Artificial tendrá intervención en este proceso y funcionará como ámbito institucional para el tratamiento de las necesidades relacionadas con estas tecnologías.

A su vez, la resolución contempla un control posterior a cargo de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Nación, que tendrá participación en las instancias de seguimiento previstas por el nuevo marco.

La regulación alcanza también a las dependencias que desarrollen tareas de planificación, control de gestión o auditoría cuando tengan a su cargo la evaluación o supervisión del uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Claves

Regulación obligatoria. La Resolución establece reglas generales para el uso, diseño, desarrollo y adquisición de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal.

Protección de datos. Se prohíbe transitoriamente ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite, datos personales o sensibles en herramientas de IA de acceso público.

Control humano. La Inteligencia Artificial será considerada una herramienta complementaria y no podrá sustituir el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos.

Capacitación permanente. La Dirección General de Capacitación y Escuela y la Secretaría de Coordinación Institucional implementarán un programa destinado a formar al personal en prompts, validación de resultados y mitigación de sesgos.

Desarrollo seguro. La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías deberá avanzar en la creación de entornos y herramientas propias y seguras para análisis de datos y gestión documental.


Fuente: diariolavozdelchaco.com

El encuentro se realizará el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones. Participarán mandatarios de distintas expresiones políticas y se espera la presencia de ministros nacionales. El oficialismo aún no tiene cerrados los respaldos para ambos proyectos.

En plenas y tensas negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, un grupo de gobernadores animará un encuentro en CABA el próximo 16 de octubre, en el que también dirán presente representantes de Nación. Si bien todavía no están definidos los asistentes, la convocatoria está sobre la mesa y se barajan algunos de los nombres que participarían.

Se tratará de la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde se abordarán cinco ejes estratégicos: competitividad y desarrollo productivo; infraestructura y conectividad; facilitación y eficiencia operativa; transformación de las cadenas de suministro y multimodalidad; y los desafíos de sectores clave como la agroindustria, la minería, la energía y la industria.

Aunque restan las confirmaciones definitivas, es un hecho que habrá mandamases de todo el arco político, así como también representantes de importantes compañías y autoridades nacionales. Entre estas últimas, podrían estar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de mejor vínculo con las provincias.

Las negociaciones con los Gobernadores

En el medio, se colarán cuestiones coyunturales. El Gobierno acelera para aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. La eliminación o eventual suspensión de las PASO no termina por convencer a los caciques, que siguen pateando la discusión. Patricia Bullrich, mientras, juega su propio partido con Karina Milei y padece el desaire de sus compañeros de espacio.

Para entonces, los gobernadores norteños esperan que ya se haya implementado Zona Cálida, el régimen de alivio a las tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas, que regiría entre noviembre y abril. Se trata de un acuerdo con el oficialismo a cambio de aportar los votos necesarios en el Senado para recortar Zona Fría.

Por el contrario, se oponen Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis), Pullaro y el bonaerense Kicillof, quienes verían caer el beneficio en varios municipios propios.

En los últimos años, el CFI se convirtió en un punto de encuentro entre los gobernadores de pelajes variopintos. Allí, por ejemplo, se acordó la presentación conjunta de dos proyectos para coparticipar el impuesto a los combustibles y plantear un nuevo esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en plena escalada entre los distritos y la gestión de Javier Milei.

En mayo pasado, los líderes norteños se dieron cita en sus oficinas con Santilli, a quien le acercaron un carpeta de reclamos, con la obra pública, las rutas nacionales y el abastecimiento energético como puntas de lanza.

El jefe de Gabinete, en tanto, abrió una nueva ronda de negociaciones para apuntalar los respaldos al Presupuesto 2027 y a la reforma electoral. Durante la última semana, recibió a ocho mandamases. El último fue el chubutense Ignacio Torres, quien se vio con el funcionario este miércoles en Casa Rosada. Las charlas continuarán el jueves, con la visita del chaqueño Leandro Zdero.

Desde distintas gobernaciones llegaron advertencias sobre el proyecto. Discapacidad y financiamiento universitario son dos de los tópicos que más resquemor generan. El cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo son tres de los dirigentes que ya tomaron distancia del texto.

“No va a poder salir el Presupuesto si no se corrige el tema discapacidad” y “al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio” son dos de los mensajes que transmitió Jaldo para la Casa Rosada.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sumó el mediterráneo Llaryora.

Más tajantes fueron desde Formosa, donde aseguraron que el proyecto es “populismo de derecha”, ya que la inversión pública queda en apenas 0,3% del PIB y las transferencias no automáticas a las provincias acumulan una caída real del 81,2% respecto de 2023. “Aun con las proyecciones oficiales, 16 de las 24 jurisdicciones recibirían menos fondos que en 2023”, indicaron.

Fuente: ambito.com

El presidente Javier Milei reclamó ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el organismo internacional intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que afectan los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

Milei remarcó que la cuestión constituye una prioridad nacional. «Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar», aseguró.

Recordó que hace cinco décadas la Asamblea General aprobó la resolución 3149, mediante la cual instó a las partes involucradas en la disputa a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permaneciera abierta la controversia.

El mandatario después de 50 años la disputa continúa sin una solución y las modificaciones unilaterales también persisten.

En ese marco, cuestionó la eficacia de las resoluciones internacionales cuando no existen mecanismos que permitan hacerlas efectivas frente a acciones posteriores de las partes involucradas. «Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?

No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad», advirtió Milei.

El Presidente enfatizó que la situación vinculada con Malvinas plantea una cuestión que excede la relación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y alcanza el funcionamiento de las instituciones multilaterales. «Bajo esta realidad quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia.

Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones», afirmó.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y RECURSOS NATURALES
En otro segmento, Milei enumeró las medidas adoptadas por la Argentina frente a la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía se encuentra en disputa. «La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional», sostuvo.

Además, presentó esas acciones como parte de una estrategia que procura utilizar instrumentos diplomáticos, jurídicos y legislativos frente a las actividades desarrolladas en el área en disputa.

En ese contexto, mencionó las comunicaciones oficiales realizadas por el Estado argentino, el uso de herramientas jurídicas disponibles, las sanciones aplicadas a empresas y proveedores y el envío al Congreso de un proyecto de ley referido a la defensa de la soberanía nacional.

Milei sostuvo que el cuestionamiento a la efectividad de las Naciones Unidas no implica abandonar el diálogo diplomático como vía para abordar la disputa territorial con el Reino Unido.

En ese sentido, diferenció la estrategia de su Gobierno de lo que definió como una defensa basada exclusivamente en declaraciones públicas.
«Durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva. Repito, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva», aseguró el jefe de Estado.

También se refirió al principio de libre determinación en relación con la población de las Islas Malvinas. El mandatario sostuvo que las resoluciones de la Asamblea General establecieron que ese principio no resulta aplicable al caso argentino, debido a las características que atribuyó a la población de las islas y al carácter disputado de la soberanía territorial. «Quiero reiterar también la situación de la población de las Islas, como esta misma
Asamblea ha determinado en numerosas resoluciones, el principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa», dijo.

Por otro lado, Milei cerró ese tramo de su intervención con un llamado al Reino Unido para retomar las conversaciones sobre la soberanía de las islas y sobre la explotación de recursos naturales en el área en disputa. «Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales», completó.

Críticas al funcionamiento de las Naciones Unidas

Después de desarrollar su posición sobre Malvinas, el presidente Javier Milei amplió sus cuestionamientos a las decisiones adoptadas en el ámbito de las Naciones Unidas y centró una parte de su discurso en la actuación de organismos vinculados con la organización durante la pandemia de Covid-19.
El Presidente sostuvo que esas instituciones adoptaron determinadas políticas sanitarias que, según su exposición, tuvieron consecuencias sobre el empleo, la educación y la atención de las personas durante la emergencia sanitaria.

«Durante la pandemia, organismos que dependen de esta casa se antepusieron a la evidencia científica y a la soberanía de las naciones, y promovieron en todo el mundo políticas de encierro forzado que destruyeron empleos, arruinaron la educación de una generación entera de niños, y le costaron la vida a millones de personas que concurrieron solas, sin atención médica básica», señaló Milei durante su intervención ante la Asamblea General.
El mandatario profundizó su cuestionamiento y caracterizó las políticas sanitarias aplicadas durante la pandemia como una forma de control social. «Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia, y cuando un Estado con anteojera sanitaria le quita a su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos, y eso se traduce en millones de muertes evitables, hay una palabra para nombrarlo, genocidio», afirmó.

Inteligencia Artificial

Milei defendió ante la Asamblea General de la ONU el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta para ampliar la productividad y transformar las economías, la medicina, la educación y las formas de gobierno.

El Presidente sostuvo que los avances tecnológicos no produjeron las catástrofes anticipadas por algunos sectores y planteó que la prudencia frente a sus posibles efectos no debe derivar en mayores controles estatales, al tiempo que respaldó su posición con referencias a Jorge Luis Borges y Adam Smith.


Fuente: diariolavozdelchaco.com