El fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la elevación a juicio oral y público de Aída Ayala en el marco de la causa conocida como Lavado II en el que se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
 
En la causa está imputada la ex intendente de Resistencia y diputada nacional Aída Ayala, junto a Jacinto Sampayo y Daniel Fischer, por lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
 
Este sería el segundo juicio oral al que deberá someterse Ayala. En marzo hubo otro pedido, pero en esa oportunidad fue por la causa que investiga sobreprecios en la compra de herramientas y maquinarias.
 
La causa Lavado II investiga un mecanismo de corrupción y lavado de dinero efectuado en la Municipalidad y del que participaron funcionarios, sindicalistas y empresarios, en beneficio a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. Todo esto mientras Aída Ayala era intendente de la capital provincial en 2014.
 
El fiscal Sabadini señaló en el pedido de elevación a juicio que Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo”, y que finalmente beneficiaron a la empresa antes mencionada.
 
El dictamen agrega que “manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”.
 
Las defensas de  Aída Ayala y el resto de los acusados qpodrán negarse a la elevación y pedir la nulidad de la acusación para que, finalmente, la jueza deba resolver si pasa el expediente a juicio oral.

Fuente: diariochaco.com

Aunque la Corte Suprema aceptó ayer su competencia en el conflicto sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, un juez federal decidió fallar esta tarde ante un planteo del Gobierno nacional. El magistrado Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los equipos jurídicos de la Ciudad ya están analizando el fallo pero en principio dirán que el juez es incompetente porque la Corte ya aceptó el caso y le dio una plazo al Gobierno nacional para que conteste. “No corresponde que un juez tome el caso en estas condiciones”, dijo una fuente antes que se conozca el fallo de Furnari, un juez que fue nombrado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En su resolución, Furnori dispuso que la causa se remita a la Corte Suprema, “haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado 1 de aquel fuero que deberán instrumentar la remisión ordenada”.

En la misma resolución, el juez que había sido sorteado ante la demanda presentada ayer a la mañana por la Procuración del Tesoro, dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el domingo por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia originaria en el caso ante la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.

El fallo, al que accedió este medio, fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.

El conflicto ahora podría postergarse hasta la próxima semana. Ocurre que la Corte tiene la facultad de pedirle opinión nuevamente a la Procuración General sobre el fondo del asunto. El viernes, en tiempo récord, la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, ya se había manifestado a favor de que la Corte tomara el caso.

Durante un acto en Casa Rosada, el Presidente Alberto Fernández cometió un fallido al hablar sobre el aumento de contagios de coronavirus en la Argentina.

Fuente: infobae.com