Jueves, 30 Abril 2026
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Este jueves, el expresidente Mauricio Macri se presentó a la audiencia a la primera indagatoria por presunto espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, pero el juzgado decidió suspender la declaración.

Según explicó el abogado de Macri, Pablo Lanusse: “El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pueda declarar”, dijo el letrado y acotó que fue "un acto bochornoso, un error grosero del juez".

“El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. Se suspendió por decisión del juez”, afirmó Lanusse, que advirtió que “no hay fecha” prevista para que la indagatoria se concrete. “Tristemente es un show, que se usa el dolor de los héroes del ARA San Juan”, agregó Lanusse.

Militantes y simpatizantes de Juntos por el Cambio que se acercaron para apoyar al exmandatario, consideraron que se trató de "una operación política", previa a las elecciones del 14 de noviembre.


Fuente: datachaco.com

Finalmente, luego de 97 años se realizará un Juicio por la Verdad por los hechos ocurridos en la Masacre de Napalpí, ocurridos en esa región chaqueña. Por primera vez, el Estado argentino deberá responder como responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos a las poblaciones indígenas de las etnias qom y moqoit.

La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger resolvió habilitar la realización del juicio al considerar, en una resolución emitida ayer y a la que tuvo acceso Télam, que los hechos ocurridos "exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que, a pesar del tiempo transcurrido, se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica".

"En ese escenario, se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas qom y moqoit. En base a ello, considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos", sostuvo Niremperger en fallo en el cual acepta como querellante a la provincia de Chaco.

La jueza remarcó además que "la búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva, sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos.

La magistrada resolvió citar al Ministerio Público de la Víctima, al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, a fin de que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, y "ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes".

En julio pasado, los fiscales federales Diego Vigay. Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini presentaron un pedido ante el Juzgado Federal 1 a cargo de Niremperger para que se realice este proceso, tras concluir una investigación preliminar que se inició en 2014.

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LOS HECHOS

La Masacre de Napalpí tuvo lugar el 19 de julio de 1924, durante la presidencia de Marcelo T. De Alvear, cuando una formación de 130 policías, gendarmes y grupos de paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de integrantes de los pueblos qom y moqoit, que formaban una comunidad en el paraje El Aguará.

La orden dada por el gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, pasó por acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que residían en las inmediaciones y que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, como también poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía una mejor paga.

Según la información recabada por historiadores, sumada al expediente por la Unidad Fiscal, se estima que durante 45 minutos la policía tiró más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí.

Se estima que hubo más de 400 muertos entre integrantes de comunidades originarias y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque el 90 por ciento de todos los asesinados pertenecían a las etnias Qom y Mocoi.


Fuente: datachaco.com

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón es oficialmente buscado por la Organización Internacional de Policía Criminial (Interpol). Así lo hizo saber Interpol, que le comunicó a la jueza federal María Servini que había publicado la notificación roja de búsqueda del ex operador judicial del macrismo quien pidió refugio político en Uruguay.

En la página web de Interpol se explica que “Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

El viernes pasado la Justicia uruguaya había suspendido el trámite para definir la extradición del diputados del Parlasur y ex asesor de Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político. Esa decisión fue tomada por la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo. En la misma resolución determinó que Rodríguez Simón debe “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” mientras que se dispuso el cierre de fronteras para él “con carácter de urgente”.

La defensa de Rodríguez Simón aportó al expediente radicado en la justicia uruguaya “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según explicaron fuentes cercanas al caso, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.

El CORE es un organismo de siete miembros, encabezado por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese organismo deberá experdirse dentro los 90 días sobre si es pertinente otorgar el refugio. Durante esos tres meses el ex funcionario no puede ser extraditado.

La jueza Servini pidió la captura de Rodríguez Simón en una causa iniciada por el empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Juntos por el Cambio y además encarcelarlos. Servini había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para interrogarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio en los que actuó como operador judicial del macrismo.


Fuente: diariochaco.com

La jueza federal Zunilda Niremperger clausuró la instrucción y elevó a juicio oral la causa que acusa a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala, y al secretario general del Sindicato de Trabajadores, Jacinto Sampayo, de ser los jefes de una asociación ilícita que realizaba lavado de dinero.

La resolución a la que accedió Diario Chaco fue dictada en el día de hoy y también comprende a otras 15 personas relacionadas en la causa.

Cabe recordar que el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, fue quien el pasado miércoles solicitó la elevación a juicio oral tras la Fiscalía entender que la investigación de la causa había concluido. De esta forma, la ex intendente de la ciudad capitalina afrontará su segundo juicio oral, tras enfrentar en la ocasión anterior una causa por sobreprecios en la compra de herramientas y maquinarias.

Así las cosas, Ayala está acusada hoy de los siguientes delitos: lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Por otra parte, las otras 15 personas que afrontarán el juicio oral son: Fátima Rigassio, Patricia Vázquez, Rolando Acuña, Mónica Centurión, Luis Escobar, Cristian Zapata, Natalia Martínez Guarino, Diego Martínez Guarino, Víctor Hugo Quiróz, Eulalio Bouza, Elsa Martínez y Enrique Baumwollspinner.

Fuente: diariochaco.com