Jueves, 16 Octubre 2025
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Ciudad del Vaticano, 13 (AFP) – Con nota oficial, el Vaticano anunció que los obispos Francisco José Cox Huneeus, arzobispo emérito de La Serena, y Marco Antonio Órdenes Fernández, emérito de Iquique, fueron expulsados del sacerdocio, el mayor castigo que aplica la iglesia católica.

Los obispos fueron “dimitidos” del estado clerical “como consecuencia de actos manifiestos de abusos a menores”, precisó en un comunicado la Santa Sede, que cita un artículo específico del documento “Sacramentorum Santitatis Tutela”. La decisión fue adoptada por el papa el pasado jueves 11 de octubre y “no admite recurso”, sostiene la nota, que indica que los dos obispos fueron informados en sus respectivas residencias por sus superiores.

El tema fue abordado por el papa junto al presidente Sebastián Piñera durante la reunión en la biblioteca privada, según reconoció el mandatario chileno en declaraciones a la prensa. “Tuvimos una muy buena y franca reunión con el papa Francisco. Conversamos sobre la situación difícil que vive en este momento la Iglesia en Chile. Compartimos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir un verdadero renacimiento y recuperar el cariño y la cercanía de pueblo de Dios”, afirmó Piñera, que se negó a responder a las preguntas de los periodistas.

“La dolorosa herida de los abusos”

Por su parte, el Vaticano reconoció que ambos líderes abordaron “la dolorosa herida de los abusos a menores”, subrayando “el compromiso de todos en la colaboración para combatir y prevenir la comisión de estos crímenes”. El obispo Cox, de 85 años, vive desde hace 16 años en una casa de la Congregación de Schöenstatt en Alemania cumpliendo la sentencia canónica de permanecer en “oración y penitencia” por los abusos cometidos. La Congregación Schoenstatt aseguró este sábado que hará lo posible para facilitar el regreso a Chile de Cox, quien presenta signos de “demencia senil”.

Por su parte Órdenes Fernández, de 53 años, obispo de Iquique de 2006 a 2012, debió renunciar entonces al cargo tras la denuncia de reiterados abusos sexuales contra un menor. Los dos sacerdotes fueron expulsados al parecer sin juicio canónico, y el mismo comunicado aclara que la decisión fue tomada  debido a la gravedad de las denuncias.

El pasado 28 de septiembre el papa expulsó del sacerdocio al influyente religioso chileno Fernando Karadima, de 88 años, formador de varios obispos y de prominentes figuras de la alta sociedad chilena. Francisco está empeñado en la limpieza de esa Iglesia, azotada por las denuncias de abusos sexuales a menores y ha cesado hasta ahora a nueve obispos.

En mayo pasado los obispos chilenos, más de una treintena, presentaron su renuncia en bloque tras reunirse con Francisco. La fiscalía chilena investiga a más de un centenar de obispos, sacerdotes y laicos como autores o encubridores en casos de abuso sexual a menores y adultos que se extienden por casi seis décadas, y solicita información sobre estos al Vaticano, tema sobre el que Piñera no quiso pronunciarse.

 

Fuente: diarionorte.com

El Papa Francisco se reunió con el presidente de la conferencia episcopal estadounidense este lunes, en tanto sus partidarios cerraban filas en torno a la forma en que el pontífice gestionó un presunto caso de abuso sexual por un cardenal norteamericano.

Francisco conversó este lunes con el cardenal Daniel DiNardo y otros altos cargos de la conferencia episcopal en el Vaticano, 48 horas después de haber ordenado una investigación de los archivos del Vaticano sobre el exarzobispo de Washington, Theodore McCarrick, quien renunció a su cargo en julio.

DiNardo "saludó" el domingo las "medidas adicionales tomadas por el papa Francisco para garantizar que los fieles estén protegidos del demonio de las agresiones sexuales".

El caso de McCarrick desencadenó una tormenta en agosto, cuando el arzobispo Maria Vigano, un exnuncio del Vaticano en Washington, culpó al papa de ignorar las acusaciones de que McCarrick había abusado de un adolescente hace décadas.

Al Sumo pontífice se le reprochó también haber retirado las sanciones que había impuesto su antecesor, Benedicto XVI, al arzobispo McCarrick, algo que desmintió el domingo el prefecto del Vaticano para la Congregación de los Obispos.

El cardenal canadiense Marc Ouellet dijo el domingo que este "ataque injustificado" era un "montaje político privado de fundamento real para incriminar al papa".

Y añadió que él mismo le dijo en persona a Vigano que McCarrick "debía obedecer ciertas condiciones y restricciones debido a los rumores sobre su comportamiento pasado".

 

Tras dejar su cargo de arzobispo de Washington en 2006, McCarrick "fue exhortado" por los embajadores del Vaticano "a no viajar y a no hacer apariciones públicas para no provocar otros rumores que circulaban sobre su persona", explicó.

"Es falso presentar las medidas tomadas respecto a él como sanciones decretadas por el papa Benedicto XVI y anuladas por el papa Francisco", dijo Ouellet en su carta abierta a Vigano.

Si en aquel momento no se impusieron sanciones fue porque "entonces no se disponía, como ahora, de pruebas suficientes sobre su presunta culpabilidad", señaló.

No obstante, Ouellet admitió que en su opinión "deberían haberse investigado más en profundidad algunas sospechas proporcionadas por testigos", aunque "el prelado en cuestión sabía cómo defenderse con destreza respecto a las dudas generadas sobre su persona".

Francisco no ha comentado hasta ahora las acusaciones de Vigano.

Fuente: diariochaco.com

El ultraderechista Jair Bolsonaro lidera con un 48 % de los votos las elecciones presidenciales celebradas hoy en Brasil, según los primeros resultados oficiales, divulgados cuando ya ha sido escrutado un 53 % de los comicios.
 
Los primeros datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) colocan en segundo lugar, con 26,09 %, a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT) y designado candidato en reemplazo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien no pudo postular por su condición de preso y condenado por corrupción.
 
 
Si Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), no logra superar la barrera del 50 %, definirá las elecciones en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre frente a Haddad, quien aparece muy distanciado del tercero, el laborista Ciro Gomes, que reúne el 12,2% de los votos según los primeros resultados.
 
Fuente: Télam

Los acuerdos para el cierre de las investigaciones fueron suscritos tanto con el Departamento de Justicia norteamericano como con la Comisión del Mercado de Valores de ese país, informó la petrolera en un comunicado

La petrolera estatal Petrobras informó este jueves que llegó a un acuerdo por el que pagará 853,2 millones de dólares de indemnización para que la Justicia de Estados Unidos ponga fin a las investigaciones en ese país por los desvíos atribuidos a la mayor empresa de Brasil.

Los acuerdos para el cierre de las investigaciones fueron suscritos tanto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos como con la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de ese país, informó la petrolera en un comunicado.

"Los acuerdos archivan completamente las investigaciones de las autoridades estadounidenses" sobre el gigantesco escándalo de desvíos que convirtió a Petrobras en el blanco de la mayor operación contra la corrupción en Brasil y del que la empresa dice haber sido una víctima.

Mediante los acuerdos, la empresa se responsabilizó por los actos ilegales cometidos por algunos de sus ex ejecutivos y que violaron leyes en Estados Unidos, mientras que el Gobierno estadounidense reconoce a la petrolera brasileña como "víctima" de los desvíos cometidos por dirigentes ya despedidos y encarcelados.

 

"Los acuerdos atienden los mejores intereses de Petrobras y de sus accionistas y ponen fin a incertidumbres, gastos y costos asociados a potenciales litigios en Estados Unidos", dice la nota.

De acuerdo con la estatal, a raíz del escándalo en Brasil, las autoridades estadounidenses venían investigando "los controles internos, los registros contables y las demostraciones financieras" de Petrobras entre 2003 y 2012 para determinar la posible práctica de ilegalidades también en Estados Unidos, donde la empresa tiene activos y negocia parte de sus acciones.

La estatal agregó que el acuerdo también se extiende a la Fiscalía brasileña debido a que los desvíos fueron descubiertos por las autoridades brasileñas en el marco de la llamada Operación Lava Jato.

"Eso permitirá que el 80 % de los valores acordados con la SEC y el Departamento de Justicia puedan ser invertidos en Brasil", explicó la empresa.

En concreto, Petrobras pagará 85,3 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, 85,3 millones de dólares al SEC y 682,6 millones de dólares a la Fiscalía brasileña.

Los recursos destinados a las autoridades brasileñas "serán depositados por Petrobras en un fondo especial y serán usados según el acuerdo que la empresa firmará con la Fiscalía", agrega la nota.

Los valores de la indemnización en Brasil se destinarán preferentemente a "programas sociales y educativos concebidos para promover la transparencia, la ciudadanía y la conformidad en el sector público".

La petrolera explicó que la Operación Lava Jato identificó a ex ejecutivos de la empresa que participaron en una red de corrupción que "perjudicó y causó severos daños financieros a Petrobras".

Agregó que la empresa ya consiguió recuperar 2.500 millones de reales (unos 625 millones de dólares) de todo lo desviado y que seguirá luchando en los tribunales contra todos los que perjudicaron a la petrolera.

En el acuerdo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos "también reconoce la condición de Petrobras como víctima de la red de corrupción y la SEC reconoce la actuación de la compañía como asistente de acusación en más de 40 procesos penales en Brasil".

Petrobras ya había llegado a un histórico acuerdo, aprobado por la Corte Federal de Nueva York, por el que, a cambio de evitar un juicio, se comprometió a pagar 2.950 millones de dólares de indemnización a accionistas que la procesaron en Estados Unidos.

El acuerdo puso fin al proceso colectivo abierto por accionistas de la petrolera ante la Corte Federal de primera instancia en Nueva York, en el que dijeron sentirse perjudicados debido a que invirtieron en una compañía cuyos papeles se desplomaron tras la revelación de los desvíos.

 

Fuente: infobae.com