El Gobierno provincial entregó adjudicaciones en Paraje La Lagunita. Hay casos de pobladores que aguardaron hasta 50 años por la regularización.

Tras más de cuatro décadas de espera, familias rurales del Paraje La Lagunita, cerca de Misión Nueva Pompeya, accedieron finalmente a la adjudicación de las tierras que habitan y trabajan desde hace generaciones.

El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Vicente González y la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata.
"LA TIERRA DEBE SER DE QUIEN LA TRABAJA"

En ese marco, el mandatario provincial destacó que muchas de las familias beneficiadas habían perdido la esperanza de regularizar su situación dominial. "Nuestra decisión es clara: la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y la habitan hace años", afirmó, al tiempo que remarcó la intención de revertir prácticas históricas que excluían a los pequeños productores.

Zdero subrayó además la importancia de la presencia estatal en zonas alejadas. "Estamos llegando a lugares donde durante mucho tiempo no se llegaba", sostuvo, y remarcó que muchas de estas familias "habían perdido la esperanza de que su tierra fuera valorada y regularizada".

"Queremos terminar con prácticas del pasado donde se desplazaba a los pobladores y la tierra quedaba en manos de unos pocos", afirmó el gobernador, al tiempo que señaló: "Hoy se hace justicia, entregando estas ubicaciones a vecinos y productores que hace muchos años viven y trabajan estas tierras. Pudimos avanzar con adjudicaciones concretas para los pobladores del lugar, y la verdad que compartimos un momento de mucha emoción. Sabemos que hay familias que esperaron 40 o 50 años, incluso generaciones enteras, para tener este reconocimiento".

Por su parte, el intendente González calificó el hecho como "histórico" para la región y remarcó que la seguridad jurídica sobre la tierra es clave para el desarrollo de las familias.

Por su parte, Canata explicó que el proceso de regularización continuará en la zona y en otros puntos del territorio provincial, bajo un esquema progresivo y ordenado. "La tierra es para quien la trabaja y la necesita", sostuvo, al destacar que el objetivo es garantizar un sistema transparente y equitativo.


Fuente: datachaco.com

La causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de aportes por más de $19 mil millones ingresó en una etapa decisiva, marcada por la inminencia de resoluciones judiciales que podrían redefinir el curso del expediente.

El proceso, radicado en el fuero penal económico, se encuentra en condiciones de avanzar hacia una definición sobre la situación procesal de los imputados, en un contexto de alta exposición pública y creciente impacto político.

El juez en lo penal económico Diego Amarante quedó habilitado para resolver tras la última ronda de indagatorias, siendo la declaración del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, el pasado 12, el punto de cierre de esa instancia.

Desde entonces, comenzaron a correr los plazos procesales de diez días hábiles para que el magistrado determine si corresponde dictar procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento respecto de los acusados.

En la causa también están imputados el tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Todos optaron por presentar escritos en los que negaron los cargos, evitaron responder preguntas y cuestionaron el encuadre del expediente, al tiempo que solicitaron la producción de nuevas medidas de prueba para respaldar sus posiciones defensivas.

Durante las indagatorias, los imputados debieron escuchar la lectura completa de la acusación, que detalla 51 hechos, uno por cada período fiscal en el que, según la imputación, se habrían retenido y no depositado aportes al fisco entre 2024 y 2025.
 La exposición incluyó además un informe de 15 carillas con el conjunto de pruebas reunidas desde la denuncia inicial formulada por Arca.

En paralelo a la decisión del juez, la Cámara en lo Penal Económico debe pronunciarse sobre un planteo clave de las defensas que podría alterar sustancialmente el rumbo del caso.

La resolución de este punto determinará si la causa continúa su curso o si, por el contrario, se declara la inexistencia de delito, lo que implicaría el cierre del expediente.


EL DEBATE JURÍDICO
El expediente presenta un doble frente de definición: por un lado, la situación procesal de los imputados en manos del juez de primera instancia; por otro, la discusión de fondo sobre la configuración del delito, actualmente bajo análisis de la Sala A de la Cámara, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

El fiscal general ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, emitió un dictamen contundente en el que sostuvo que los pedidos de sobreseimiento deben ser rechazados y que la investigación debe continuar.

Su posición refuerza la hipótesis acusatoria al afirmar que la conducta investigada encuadra en el tipo penal previsto para la retención indebida de aportes.

En su dictamen, el fiscal expresó que «la consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito», subrayando el carácter omisivo del delito.
 Esta interpretación coloca el eje en el incumplimiento del deber de transferencia de fondos retenidos, independientemente de otras consideraciones administrativas.

Asimismo, rechazó el argumento central de la defensa, que sostiene que la suspensión de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía habría vuelto inexigible la deuda.

En ese sentido, afirmó que «la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos de ejecución», marcando una diferencia entre la existencia de la obligación y su eventual cobro.

El fiscal también enfatizó que los fondos en cuestión no corresponden a tributos propios de la entidad, sino a dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado, lo que implica un deber jurídico reforzado y una mayor gravedad en caso de incumplimiento.

La posición de las defensas

Las defensas, por su parte, sostienen una interpretación distinta del marco legal, argumentando que no puede configurarse delito si no existe una obligación exigible.

En esa línea, plantean que la suspensión de ejecuciones fiscales implicó una postergación de los vencimientos, lo que impediría considerar configurado el incumplimiento penal.

Según esta postura, el tipo penal no se activa por la mera existencia de una deuda, sino por el transcurso de un plazo específico desde el vencimiento de la obligación de ingreso.

En consecuencia, si ese vencimiento fue diferido por disposiciones administrativas, no habría base para imputar responsabilidad penal.

Las defensas también introdujeron el concepto de atipicidad de la conducta, señalando que el encuadre jurídico propuesto por la fiscalía no se ajusta a las condiciones necesarias para la configuración del delito tributario en cuestión.

Fuerte rechazo a Tapia en partido de la selección

En paralelo al desarrollo judicial, la figura de Claudio Tapia quedó expuesta a una fuerte reacción del público durante el partido de la selección en La Bombonera.

Su aparición en el estadio, junto a Juan Román Riquelme, generó una respuesta adversa que se manifestó en silbidos e insultos desde los cuatro sectores.

El episodio resultó significativo por tratarse de un ámbito tradicionalmente favorable a la conducción de la AFA.
 La presencia de Tapia, vinculada históricamente al ciclo exitoso de la Selección, derivó en una reacción inesperada que contrastó con ese antecedente.

Los silbidos comenzaron tras su identificación por los altoparlantes y se extendieron de manera uniforme en todo el estadio.
 Incluso se registraron cánticos ofensivos como «Chiqui Tapia botón» y «Hijo de p…», que se escucharon en distintos sectores.


Fuente: diariolavozdelchaco.com

El análisis de la Consultora Politikon observa, además, que en un extremo se destaca Neuquén que duplicó su empleo; en el otro, La Rioja y Santa Cruz, perdieron más de la mitad de sus empleos sectoriales.

En enero de 2026, el empleo registrado en la construcción cortó con dos meses seguido de bajas (-0,4% en noviembre y -2,3% en diciembre 205) pese a que enero suele tener factores estacionales que producen una dinámica contractiva al empleo sectorial.
 En la comparación interanual, el empleo presentó un crecimiento del 1,3% (+4. 671 empleos contra enero de 2025).

Aún con ello, los niveles actuales de empleo sectorial siguen siendo bajos en términos históricos.
 Respecto al promedio histórico (2007-2023), el empleo actual está aún 10% por debajo.

Además, al comparar los datos de enero contra 2026 contra noviembre de 2023, a modo de evaluar la evolución durante la actual gestión de gobierno nacional, el empleo sectorial se mantiene 16% por debajo (-69.
497 empleos).

Desempeño del empleo sectorial a nivel provincial
En la comparación mensual, durante enero de 2026, hubo nueve distritos que exhibieron incrementos: los mayores se dieron en Neuquén (5,0%), Santa Fe (3,7%) y Río Negro (3,1%).

Por el contrario, en quince jurisdicciones subnacionales se observaron bajas, que se dieron en diferentes magnitudes: por un lado, las caídas más leves se vieron en Buenos Aires y CABA (inferiores al -1%) mientras que, en el otro extremo, Formosa y La Rioja mostraron las caídas mensuales más fuertes (-15,0% y -24,2%, respectivamente).

Por su parte, la comparación interanual de enero muestra recuperación también en nueve distritos con Río Negro a la cabeza (33,8%) mientras que en el otro extremo, el descenso más fuerte se observa en Santa Cruz (-40,0%).

En este marco, resulta necesario encuadrar la situación del empleo en una perspectiva histórica de corto y mediano plazo.

En el primer caso, corresponde evaluar el volumen actual de empleo en relación con el promedio histórico del período 2007 (inicio de la serie)-2023.

Allí se observa que, a nivel nacional, el volumen actual de empleo se ubica 10,4% por debajo de ese promedio.
En ese contexto, siete provincias exhiben actualmente un nivel superior al mismo, lideradas ampliamente por Neuquén, con un incremento de 102,0%, seguida a distancia por Jujuy (29,9%) y Salta (23,3%), entre otras.

En el extremo opuesto, Misiones, Formosa, La Rioja y Santa Cruz presentan las caídas más pronunciadas respecto de su promedio histórico, en todos los casos superiores al -50%.

Al considerar una comparación de mediano plazo, orientada a evaluar la evolución del empleo durante la actual gestión nacional, se contrasta el volumen actual con el registrado en noviembre de 2023 (mes previo al inicio del actual gobierno).

En este caso, el total país muestra una baja del 16,5%, y solo cuatro provincias exhiben actualmente un nivel superior al de aquel momento: lidera Río Negro (10,5%), seguida por Neuquén, Mendoza y Santa Fe.

En el otro extremo, Santa Cruz y La Rioja registran las mayores caídas (mayores a -70%).

Salarios promedio
en el sector de la Construcción
El salario promedio a nivel nacional en el sector de la construcción se ubicó en torno a los $1.228.117 en enero de 2026 y midiéndolo a precios constantes, exhibió una baja del 3,7% real contra igual mes de 2025, siendo la tercera caída al hilo.

Hacia dentro del territorio nacional, se registraron resultados dispares.
 Apenas nueve distritos exhibieron crecimientos, con La Rioja a la cabeza (16,4%) seguido por Río Negro (10,3%) y Formosa (6,7%); por el contrario, quince provincias registraron caídas interanuales en enero: la más leve se vio en Corrientes (-0,8%) y la más profunda en Salta (-13,5%).

En este marco, si se compara el salario real de enero 2026 contra noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, la situación es también mayormente negativa: solo ocho provincias muestran subas en el nivel salarial (Neuquén y Río Negro a la cabeza) mientras que, en el otro extremo, Santa Cruz presenta la mayor caída.

Fuente: diariolavozdelchaco.com