Se votará el jueves que viene en una sesión junto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el aspecto más marketinero de la reforma.

Luego del abultado resultado que consiguió el oficialismo para la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que crea un régimen penal juvenil, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, diseñó una sesión para el próximo jueves que incluye la votación del dictamen firmado en un plenario de comisiones, como también la ratificación del convenio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El elemento más marketinero de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 14 años de edad, aunque más allá de ese aspecto en el régimen se entrecruzan una cantidad de dimensiones que conjugan una mirada punitivista al aplicar castigos a los menores que infringen la ley, con un enfoque de resocialización.

La Ley Penal Juvenil, que reforma una ley de la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
El esquema

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
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En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

Argentina es el único país del continente junto a Cuba que aún no cuenta con un régimen penal de minoridad, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.

Las posturas del Gobierno y de la oposición

La iniciativa va en línea con el espíritu con la frase pronunciada por Bullrich de que  frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”, y también la consigna del presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”.

La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.

Según el Gobierno y quiénes apoyan la ley, un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza de la acción delictiva que está cometiendo y sus efectos, tiene capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.

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También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.

Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.

Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante desde todo punto de vista.

Por otro lado, Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, registra una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de todo Latinoamérica.

La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a una matriz histórica de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades. 


Fuente: NA

El trágico hecho ocurrió este sábado por la tarde, cuando unos vecinos llamaron a la Policía para dar aviso. Los bomberos rescataron el cuerpo del menor.

Este sábado por la tarde, agentes de la comisaría local tomaron conocimiento, a través de un llamado anónimo al 101 que, en la represa ubicada dentro del predio de agua potable de Corzuela, sobre avenida Beruti, entre Kronenberger y San Martín, un menor habría desaparecido bajo el agua. 

De inmediato acudió personal policial al lugar y se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron las tareas de búsqueda.

Tras varios minutos, el menor fue hallado e identificado. El cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente.

En simultáneo a un repunte de la actividad de la construcción en la Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) publicó su índice mensual para relevar el impacto de los costos de hacer una obra, tomando como referencia la realización de un edificio promedio en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, difundió que el aumento de enero de este año fue del 2,3% con respecto a diciembre del 2025, menor al 2,9% de la inflación general.

La medición del análisis apuntó que la incidencia de los insumos fue del 2,1%. Dentro de esa cifra, la mayor incidencia estuvo dada por la variación de los costos laborales involucrados en los proyectos de construcción de edificios. La mano de obra incrementó su valor un 2,8% en enero.

Por otro lado, se consideraron las fluctuaciones en el costo de los materiales necesarios para la construcción y el impacto de los insumos en los costos globales.

La construcción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%. En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno.

Los datos se desprenden del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para los indicadores de la actividad del rubro, que registra una variación interanual del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas. A excepción de los apartados “Artículos sanitarios de cerámica”, “Resto” (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y “Hierro redondo y aceros para la construcción”, que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente.

Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de “Ladrillos huecos” (-20,7%), “Mosaicos graníticos y calcáreos” (-15,1%), “Yeso” (-12,3%) y “Pisos y revestimientos cerámicos” (-11,1%).

Fuente: ambito-com