El Gobierno planea eliminar de un saque el colosal déficit fiscal primario el año que viene, una decisión con los costos económicos y sociales más predecibles que los políticos, mientras que el “éxito” del plan aún no está asegurado.

El ajuste será un rompecabezas: el Estado nacional recortará gastos por 240 mil millones de pesos y recaudará otros 280 mil millones por nuevos impuestos. A las provincias, en tanto, les toca una poda de 100 mil millones de pesos. Eso equivale al 2,6 por ciento del PBI.

La poda determinará el congelamiento real de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y salarios del sector público. El Gobierno promete ajustarlos en línea con la inflación, algo que ya este año no viene ocurriendo: los ingresos corren de atrás a los precios.

La obra pública y otros gastos de capital serán recortados en 167 mil millones. Esto plantea un panorama complejo para el empleo en la construcción, que creó el 54,8 por ciento del total de puestos de trabajo registrados en el último año, aunque en junio ya empezó a caer en picada.

El segundo mayor recorte recaerá sobre los subsidios al transporte, al gas, a la electricidad y al agua, con 119.300 millones de pesos menos en 2019. Esto determinará un ajuste de tarifas por encima de la inflación que deberán pagar los usuarios.

Sólo por transporte, el Gobierno les traspasará a las provincias y municipios la responsabilidad –no la obligación– de subsidiar el boleto de colectivos urbanos por unos 60.630 millones de pesos. En medio de una recesión, no todas las jurisdicciones podrán absorber el impacto.

Ida y vuelta con provincias

Los 58.670 millones restantes corresponden a la energía y al agua. El secretario de Energía, Javier Iguacel, había publicado el martes en el Boletín Oficial el traspaso a las provincias de la tarifa social de la luz por 14.500 millones, pero el Gobierno dio marcha atrás.

Esa medida había sido tomada unilateralmente. Al volver el jefe de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Washington, observó que esto podía hacer caer el acuerdo con los gobernadores por el Presupuesto 2019 y suspendió la decisión.

Es que los gobernadores están en una encrucijada feroz: tienen que recortar 100 mil millones mientras bajan impuestos locales como Ingresos Brutos y Sellos por el Pacto Fiscal que firmaron en noviembre pasado.

Según pudo saber este diario, la baja de Ingresos Brutos no sólo no se frenará, sino que algunas provincias como Corrientes ya analizan subir de 2,5 a 3,5 por ciento la alícuota. Esto está sujeto a la negociación final el martes en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales indicaron que habrá una carta de negociación: frenar la baja del impuesto provincial a los Sellos y gravar los Bienes Personales radicados en el exterior con la idea de coparticipar el dinero. Pero Ingresos Brutos no es negociable para Dujovne, quien cuenta con el respaldo de Mauricio Macri.

La salida es política

Hasta aquí los números. Pero qué prevén analistas, economistas y expertos que ocurrirá en los próximos meses, más allá de un acuerdo inicial de Macri el martes con los gobernadores para el Presupuesto 2019.

Al ser consultado por este diario, el economista Daniel Marx opinó que el ajuste fiscal es ejecutable como “tendencia”, aunque existen dudas sobre si se podrá llegar finalmente al déficit cero en los plazos que se plantean.

Marx analizó que puede ser que la recesión dure más tiempo. Eso determinaría que todos los gastos y responsabilidades que Macri planea transferirles a las provincias “no se puedan terminar de hacer”.

Asimismo, planteó que todo el andamiaje del ajuste está armado por retenciones, que tienen riesgos de licuarse, y recorte de subsidios, lo cual llevará a un nuevo ajuste de tarifas que podría hacer crecer el descontento en la opinión pública.

En esa línea, el analista político Rosendo Fraga advirtió de que “el peor momento de la crisis social está por llegar”, por lo que el Gobierno debería mantener la “cautela respecto de la tensión social” creciente.

Fraga sostiene que los mercados “observan todo” y no sólo si las cuentas públicas tienen equilibrio. Por ello, dijo, Macri no debería cometer el “error” de dar por “resuelto todo el problema de confianza que tiene la economía argentina” si no está asegurada la paz social.

“No sabemos si el peor momento económico pasó o no pasó y lo iremos viendo, pero sí tenemos la proyección de que el peor momento social todavía no paso, y esto hay que tenerlo presente”, insistió.

El economista Rafael Flores, uno de los mayores expertos en el análisis presupuestario, agregó: “El Gobierno podrá hacer el ajuste en tanto y en cuanto logre acordar con la oposición, porque si esto entra en el juego político de la discusión electoral, estamos perdidos”.

Para Flores, es primordial que Macri convoque a un acuerdo político a todo el arco opositor, incluyendo al sindicalismo y a los empresarios. “No es Macri el que debe mostrar un plan, es el país. Y esto debe ser creíble. Si no, la confianza de los inversores no volverá”.

Errores de origen

El analista Flores afirmó que “es muy difícil” el ajuste “de shock” que se pretende. Uno de cada dos pesos que gasta el Estado nacional va a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y esto se indexa por la ley de movilidad y no se puede tocar.

Eso lleva a que el peso del ajuste recaiga sobre la otra mitad. Por eso el Gobierno se vio forzado, según Flores, a restablecer las retenciones después de que los sectores exportadores vieron duplicarse sus precios en pesos por la devaluación.

“Hubo un error de origen de Cambiemos: bajar impuestos antes de consolidar el equilibrio fiscal. La Argentina tiene una presión tributaria muy alta, pero se optó por cortar el ingreso de dinero antes de resolver el agujero y esto se financió con deuda externa”, dijo Flores.

¿Eliminar los controles de capitales de entrada también fue un error?, consultó este diario. “Absolutamente. Creían que con la sola llegada de Macri al poder iba a caer una ‘lluvia de inversiones’ productivas, cuando la realidad es que la Argentina es un país muy poco confiable hacia afuera, por su historial de defaults y demás”.

Como no venían esos dólares, el Gobierno liberó la cuenta de capital y llegaron los billetes para la especulación financiera. “Bueno, eso se paga. Te ayudan cuando vienen, pero al primer problema se van y te dejan un agujero muy grande, que fue lo que pasó desde abril pasado”.

El ajuste que demanda el déficit cero en 2019

Los números principales de la propuesta del Gobierno.

- 340 mil M Reducción del gasto público por 340 mil millones de pesos. La Nación recortará gastos por 240 mil millones y las provincias, por un total de 100 mil millones.

+ 280 mil M Incremento de ingresos por 280 mil millones de pesos. Esto se lograría con la suba de retenciones, la extensión de Ganancias y un 1% a Bienes Personales en el exterior.

Fuente: lavoz.com.ar