Lunes, 11 Mayo 2026
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En el marco de la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2025, realizada ayer jueves, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, firmó una serie de convenios con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, orientados a fortalecer las capacidades institucionales, operativas y tecnológicas de la provincia.

Los convenios apuntan a mejorar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de delito complejo mediante una mayor articulación entre el gobierno nacional y la provincia del Chaco. «Estos convenios son fundamentales para dar un salto cualitativo en la gestión de la seguridad», expresó Matkovich tras la firma.

La ministra Bullrich destacó el valor estratégico de estos acuerdos para consolidar una política de seguridad federal y coordinada. «Estos acuerdos demuestran el compromiso del Chaco con una seguridad seria y federal», afirmó. Valoró además el desempeño de las autoridades chaqueñas en materia de inteligencia criminal y cooperación con fuerzas nacionales. Los convenios firmados abarcan áreas clave de información criminal, tratamiento penitenciario, laboratorios antidrogas y antecedentes de conducta, fortaleciendo la infraestructura institucional para la prevención y persecución del delito.

La actividad se desarrolló en el marco de las jornadas del Consejo de Seguridad Interior, foro donde las provincias comparten estrategias, articulan acciones y coordinan políticas con el gobierno nacional en materia de seguridad pública.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS
Uno de los convenios centrales suscriptos por la provincia del Chaco fue la adhesión a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, una herramienta nacional que brinda soporte técnico y científico para la detección y análisis de sustancias ilegales.

Este sistema permitirá a la provincia acceder a mejores recursos en pericias químicas, acelerando los procesos de identificación de drogas y facilitando el trabajo judicial y policial. Según explicó Matkovich, «nos permite trabajar con mayor información, mayor tecnología y mayor articulación con el Estado nacional».

La integración a esta red representa un avance técnico significativo en las capacidades de los laboratorios locales y en la cadena de evidencias, garantizando mayor eficiencia en causas vinculadas al narcotráfico.

La Red Federal, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, articula laboratorios en distintas jurisdicciones y busca unificar criterios periciales en materia de sustancias psicoactivas, precursores químicos y nuevas drogas sintéticas.

Con esta incorporación, Chaco se suma a otras provincias que ya cuentan con acceso a esta red, mejorando sus estándares técnicos y su respuesta en operativos contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTA TEMPRANA
Otro de los convenios destacados es el que refiere al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que permite relevar, integrar y sistematizar datos sobre hechos delictivos en todo el país.

El acuerdo también contempla el acceso a sistemas de alerta temprana, herramientas claves para la anticipación de delitos complejos mediante el análisis de patrones delictivos, movimientos sospechosos y tendencias criminales.

El ministro Matkovich valoró la posibilidad de contar con estos instrumentos tecnológicos como parte del objetivo de «una seguridad moderna, preventiva y eficaz». Asimismo, se firmó un convenio marco para la adhesión de Chaco al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta (RENAC), lo que permitirá el acceso en tiempo real a antecedentes relevantes en procesos judiciales, administrativos o de control interno.

Bullrich llega a Corrientes para apoyar a Almirón

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribará este lunes 21 de julio a la ciudad de Corrientes para respaldar públicamente a los candidatos de La Libertad Avanza, en el marco de la campaña electoral rumbo a los comicios provinciales del 31 de agosto. Durante su estadía, la funcionaria nacional estará acompañada por el diputado nacional Lisandro Almirón, quien encabeza la fórmula a gobernador del espacio libertario en la provincia.

La agenda incluye una conferencia de prensa prevista para las 14:00 horas en el Hotel Turismo (Entre Ríos 650, Salón Iberá), donde Bullrich y Almirón expondrán los ejes centrales de su propuesta en materia de seguridad y gestión pública. Posteriormente, ambos dirigentes encabezarán un acto partidario destinado a la militancia y simpatizantes del espacio liberal en Corrientes.

Políticas penitenciarias y descompresión carcelaria

Entre los acuerdos suscriptos se incluyó un convenio marco sobre el alojamiento de personas privadas de libertad, con el objetivo de mejorar la gestión penitenciaria en la provincia.

El convenio permitirá que personas detenidas por delitos graves puedan ser alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, lo cual descomprime las unidades penitenciarias locales y mejora las condiciones de seguridad institucional.

La ministra Patricia Bullrich señaló que esta política forma parte de una visión integral que busca ordenar el sistema penitenciario en todo el país, priorizando criterios de peligrosidad y capacidad instalada.

Para el Chaco, este acuerdo implica una mejora directa en la distribución de cupos carcelarios, en especial para los detenidos por causas vinculadas al crimen organizado, cuya permanencia en unidades provinciales muchas veces representa un riesgo operativo.

La cooperación con Nación en esta materia también incluye asistencia técnica y diagnósticos conjuntos sobre infraestructura, estándares de alojamiento y programas de reinserción.

Matkovich subrayó que la articulación con Nación «nos permite avanzar en soluciones concretas para problemas que llevan años sin resolverse en el sistema penitenciario chaqueño».

Reconocimiento a la gestión

Durante el acto, la ministra Bullrich destacó el compromiso del Chaco con una política de seguridad articulada, el liderazgo provincial en decomisos de drogas y el trabajo conjunto con fuerzas federales.

«Matkovich y su equipo están haciendo un gran trabajo, y desde Nación vamos a seguir apoyando esa tarea», afirmó la ministra, en una clara señal de respaldo a la gestión del ministro chaqueño.

Chaco recibió una mención especial en el Consejo de Seguridad Interior por sus avances en materia de inteligencia criminal, persecución del narcotráfico y cooperación con la Gendarmería, la Policía Federal y otras fuerzas nacionales.

Este reconocimiento se enmarca en una política nacional que busca fortalecer las capacidades regionales y promover buenas prácticas en la prevención del delito. Matkovich expresó que la política de seguridad del Chaco está orientada a «responder con firmeza y profesionalismo a los desafíos actuales, con una mirada técnica y articulada entre los niveles del Estado». También remarcó que «la seguridad no se construye con slogans sino con acuerdos, con recursos, con planificación y con datos confiables».

Cooperación y proyecciones

La participación del Chaco en el Consejo de Seguridad Interior 2025 refleja el interés de la provincia en fortalecer su presencia en los espacios de toma de decisiones a nivel nacional.

Los convenios firmados abren nuevas instancias de trabajo conjunto en materia de formación policial, uso de tecnologías aplicadas a la seguridad, cibercrimen, delitos ambientales y protección de fronteras.

Desde el Ministerio de Seguridad chaqueño señalaron que estas acciones se inscriben en un plan estratégico que incluye mejoras en infraestructura policial, inversiones en móviles y equipamiento, y capacitación continua del personal.

Además, se prevé que en los próximos meses se concreten nuevas adhesiones a sistemas federales de información y asistencia técnica para el abordaje de delitos complejos.

El Consejo de Seguridad Interior es una instancia de articulación permanente entre Nación y provincias, y su edición 2025 estuvo centrada en la actualización de protocolos, innovación en herramientas de control y fortalecimiento de la cooperación federal.

En su intervención final, Matkovich concluyó: «Tenemos claro que el trabajo conjunto con Nación es el camino para construir una provincia más segura, más ordenada y más preparada para enfrentar los desafíos del presente».


Fuente: diariolavozdelchaco.com

La decisión se tomó en medio del juicio multimillonario por la expropiación de YPF decidida por Cristina Kirchner. Los detalles.

Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.

Según supo Noticias Argentinas, el caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.

Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".

Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.

Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.

Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.

Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.

Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.

Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro, en términos explicados por el propio Javier Milei.

Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”.

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.

En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración.

El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.



Fuente: noticiasargentinas.com

El ajuste por la inflación se decretó justo cuando los salarios y la recaudación comenzaban a mejorar. Las jubilaciones serían actualmente un 32% más altas si Javier Milei no hubiese modificado la fórmula de movilidad por decreto. Así, la jubilación mínima sería de $403.302 en lugar de los $304.726 actuales, según un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

El dato cobra relevancia en medio de la discusión por el aumento de haberes que promueve el Congreso y las acusaciones cruzadas con el Gobierno. Expertos previsionales advierten que el decreto abre la puerta a más litigiosidad. El jefe de Gabinete ya confirmó que vetarán la iniciativa parlamentaria.

Bajo la premisa de que los jubilados no perderían más contra la inflación, en marzo de 2024 el presidente Javier Milei modificó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC de dos meses atrás. En ese momento, también se otorgó una recomposición del 12,5% por única vez.

El DNU que el Gobierno mostró como una garantía de no perder más poder adquisitivo, también puede interpretarse como la imposibilidad de recuperar al menos parcialmente lo licuado en la última década. De acuerdo al documento al que tuvo acceso Ámbito, desde septiembre del año pasado, los jubilados habrían tenido ingresos más altos si se hubiese aplicado la fórmula anterior, que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación.

Al punto de que según los cálculos de CEPA, hechos en base a los datos del INDEC y de la ANSES, una jubilación mínima sin bono sería de $403.302, un 32% más que los $304.726 actuales. El cálculo está armado en base a la mínima para establecer un ejemplo, pero bien podría replicarse sobre una jubilación media o sobre la máxima.

El informe señala que la clave está en el momento en que se modificó la fórmula: justo cuando la inflación comenzaba a desacelerarse y el mecanismo anterior a mostrar resultados favorables. En términos fiscales, el cambio le garantizó al Gobierno que el gasto previsional no se dispare pero le quitó a los jubilados la posibilidad de recuperar parte de lo perdido.

Una salida “barata” a la litigiosidad

En 2024, el Congreso ya había intentado recomponer parcialmente las jubilaciones, en ese momento el Gobierno también decidió vetar la norma en pos de cuidar el equilibrio presupuestario. Ya en aquel entonces, el ex titular del ANSES bajo la administración libertaria Osvaldo Giordano había calificado como un “problema serio” que la movilidad jubilatoria esté regulada por un DNU.

En ese sentido, el actual titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea explicó que tanto la Constitución Nacional como una serie de fallos judiciales establecen que es el Congreso quien debe determinarla. Sobre este punto, anticipó que el DNU traerá más litigiosidad y esos juicios implicarán “mayor gasto público”.

Un legislador de la oposición dialoguista, le dijo a este medio que el aumento del 7,2% podría ser una salida barata para el Gobierno, en comparación al gasto que hubiese implicado la continuidad de la fórmula que Milei derogó por DNU o la litigiosidad que se puede venir para el Estado hacia adelante. De todas formas, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos ya confirmó que la ley será vetada.

¿Y el bono?

El informe de CEPA también tiene un apartado para el bono, que se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024, pese a que la inflación acumulada supera el 127%. Según los cálculos de CEPA si fuese indexado al IPC debería estar en $158.000 para junio. Por lo que la pérdida mensual es de casi $89.000 por jubilado. El Gobierno ya confirmó que no habrá actualización en lo que resta de 2025.

Según CEPA, en términos de poder de compra, las jubilaciones sin bono en el segundo trimestre de 2025 quedaron 3,1% por debajo del último trimestre de la gestión anterior. Las que incluyen el bono, 15,7% por debajo. En la serie histórica, la jubilación mínima actual está en niveles comparables a los de la década del 90.

Hasta el momento, pese al crecimiento de la economía, el Gobierno no ofreció ninguna alternativa para que los jubilados recuperen una porción del poder adquisitivo perdido en la última década. Lo que se viene hacia adelante es la discusión de una reforma previsional luego de las elecciones que buscará subir la edad jubilatoria e incrementar la cantidad de años de aportes.

Fuente: Ámbito

Un especialista concluyó que el meteorito provenía de Argentina y que había en el mercado negro alrededor de 18 toneladas de estas rocas en venta.

Un fragmento de meteorito chaqueño, que había sido vendido en Estados Unidos, generó revuelo días atrás, tras aparecer en un episodio del programa "El precio de la historia".

La transacción, que ocurrió hace cinco años, vuelve a ser noticia luego de que el fragmento de "Campo del Cielo" se vendiera por 7.000 dólares.

El meteorito, con un peso de 25 kilos, fue examinado por un hombre llamado John en un capítulo del programa, donde mencionó haber heredado la pieza de su padre y solicitó 24 mil dólares por ella.

Durante la evaluación, un especialista concluyó que el meteorito provenía de Argentina y que había en el mercado negro alrededor de 18 toneladas de estas rocas en venta.

En este episodio, el meteorito fue confirmado como parte de una de las mayores reservas del mundo. Se determinó que su valor era de 50 centavos por gramo, y finalmente, se vendió por 7.000 dólares, aunque su comercialización es ilegal en Argentina, a diferencia de países como Chile, Estados Unidos y Alemania.

En el pasado, se han recuperado meteoritos que intentaron ser sacados de la provincia de manera ilegal, como ocurrió en 2007 y también en mayo de 2019, cuando se llevaron de forma violenta piezas de la reserva.

En noviembre de 2024, se recuperaron otras 18 piezas que estaban siendo vendidas ilegalmente a través de WhatsApp.


Fuente: datachaco.com