Lunes, 11 Mayo 2026
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La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá en las próximas horas si extiende la suspensión de la sentencia contra YPF, ejecuta el fallo o devuelve el expediente a Loreta Preska para que resuelva una medida más ordinaria. El Gobierno nacional en la voz del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, declaró este martes que sería “incumplible” para el país afrontar un fallo adverso.

La Cámara de Apelaciones de EE.UU decide si ejecuta o extiende la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones. El juicio por 16 millones de dólares pasó a uno de 16 mil millones de dólares. Ruidos por hackeo ruso.

En medio del ruido, se conocieron versiones sobre un supuesto hackeo ruso que impide acceder a la determinación del tribunal. “La que faltaba: el New York Times informa que Rusia habría hackeado Pacer, el sitio de información de la justicia federal estadounidense en el que los especialistas seguimos los expedientes de casos que involucran a la Argentina, como el de YPF,”, informó el experto Sebastián Soler, en X.

Hace 10 años comenzaba el juicio contra YPF. Los buitres habían comprado el litigio para avanzar contra Argentina. Tenían tiempo y sobrada experiencia en presionar a las instituciones para lograr su cometido. Hasta empujaron a que Cámara sugiriera la modificación de la Constitución Nacional para hacerse del botín: el 51 por ciento de las acciones de la petrolera. Todo para acordar un monto lo más elevado posible, porque según hizo trascender Burford no está interesado puntualmente en los papeles de YPF, pero sí por cobrar.

Argentina como país soberano no puede sentarse a negociar hasta que no exista un fallo definitivo. Apeló y seguirá apelando hasta que la decisión esté en manos de la Corte Suprema norteamericana.

El tribunal que avaló

En junio, la jueza Loretta Preska había ordenado al Estado argentino entregar los títulos de YPF como pago por “las irregularidades” cometidas durante la expropiación en el año 2012, que valuó en un monto de 16.100 millones de dólares. ¿Por qué hizo lugar a un pedido de capitales especulativos?

“El primer error es que carece de legitimidad; un fondo buitre no debería tener amparo para este tipo de operación ni para llevar el caso, como se hizo, ante la Justicia estadounidense. El segundo error —si se aceptara el primero por vía del absurdo— es que, de acuerdo con la jurisprudencia de ese país, la actualización razonable rondaría los 1.600 millones de dólares; sólo la arbitrariedad y el mecanismo usurario del anatocismo pueden inflar esa cifra hasta los 16.000 millones”, explicó el senador provincial, Noel Eugenio Breard.

Los buitres

Burford Capital, un buffet inglés, encabeza el reclamo. Inició sus actividades en 2009 y se especializa en financiar y asesorar a estudios de abogados y corporaciones dedicadas a “destrabar” litigios. El carancho olió billetes en el caso YPF y se dispuso a comprar la demanda del Grupo Petersen Grupo, uno de los accionistas de compañía que se sintió afectado con la reestatización. Era 2015 y Burford ganó la subasta.

Cuando fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio, Burford no se convirtió en propietario de la demanda, en la que espera obtener el 70 por ciento de la tajada. El otro 30 por ciento quedará para la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.

La defensa

La defensa de Argentina mantuvo inamovible la postura en cuidado de la soberanía y el interés nacional, más allá del cambio de las gestiones a cargo del Ejecutivo. Si bien la estrategia sostuvo los mismos argumentos para proteger YPF, el Ejecutivo conducido por la Libertad Avanza metió ruido en distintas oportunidades.

Primero con una serie de posteos en redes sociales donde el propio presidente exponía fundamentos a favor de los acreedores. También con el nombramiento de Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios. El funcionario es socio del abogado Alberto Bianchi, contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital contra YPF.

El otro demandante es el accionista minoritario Eton Park, que opera en Nueva York. A los 16.100 millones de dólares que peticionan, cada día se le agregan 2 millones de dólares por intereses.

Camino a la Corte de EE.UU

“Javier Milei ya había adelantado que no va a entregar las acciones y de hacer lo contrario sería un suicidio político. Pero estamos en desacato con la principal plaza financiera del planeta, donde el año que viene vamos a buscar financiamiento porque hay que cubrir el vencimiento de 10 mil millones de dólares. En este punto, que Donald Trump y antes Joe Biden hayan presentado un informe en favor de Argentina puede ayudar”, aseguró a medios Sebastián Maril, analista de litigios internacionales.

Tanto los abogados del país, como el escrito que presentó la Casa Blanca, remarcan que la sentencia de Preska invade otra jurisdicción “porque las acciones están registradas en la Bolsa de Valores” local y va contra las normas de inmunidad soberana de EE.UU. El Departamento de Justicia norteamericano advirtió sobre los riesgos de sentar antecedentes de los cuáles no hay jurisprudencia y podrían complicar las relaciones exteriores de esa nación.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por todas las razones expuestas, deberá – cuando se pretenda realizar la ejecución de la sentencia – declarar la inhabilidad del título. Este es el único ámbito posible, ya que la ejecución de sentencia nunca fue transmitida”, concluyó Breard.

Fuente: Página 12

Se trata de la cuarta cuota del Bono Internacional, del 2016. Así, el Gobierno de Leandro Zdero canceló ya 160 millones de dólares.

En un nuevo golpe a las arcas provinciales, el gobierno de Leandro Zdero desembolsó este martes 12 de agosto casi 40 millones de dólares para cumplir con la cuarta cuota del Bono Internacional.

Se trata de la obligación contraída en 2016, que no fue pagada por las gestiones anteriores, y ahora compromete seriamente el presupuesto del Chaco.

En solo un año y medio, la administración Zdero ya destinó 160 millones de dólares a saldar esta deuda heredada, en un contexto económico nacional e internacional adverso, dijeron desde el Gobierno.

Fuentes oficiales remarcaron que el compromiso se remonta al gobierno de Domingo Peppo, que en 2016 emitió 250 millones de dólares en títulos internacionales para cancelar sentencias judiciales que podían pagarse en pesos, mediante un acuerdo con empleados judiciales acreedores.

En 2020, ya bajo la gestión de Jorge Capitanich, debían comenzar los pagos. Sin embargo, optó por reestructurar la deuda en el mercado internacional, decisión que generó sobrecostos millonarios y prolongó el peso financiero sobre la provincia.

Ni Peppo ni Capitanich pagaron un solo dólar del Bono Internacional. Ahora, todos los vencimientos recaen sobre la gestión actual, que deberá afrontar compromisos anuales cercanos a 80 millones de dólares hasta el final de su mandato.

"Esta provincia honra sus compromisos, aunque no los haya generado. No hay excusas: estamos haciendo lo que corresponde, cuidando la reputación financiera de Chaco y defendiendo a los chaqueños del costo del desmanejo anterior", sostuvieron fuentes del equipo económico.


Fuente: datachaco.com

Zulma Galeano informó que ayer se concretó la reunión prevista con los gremios docentes para debatir, entre otros puntos, el proyecto de ley que busca restituir la cláusula gatillo.

«El 16 de julio los gremios solicitaron una audiencia y la fijamos para este 12, a las 8:45, porque coincidía con el día de comisión. La reunión comenzó cerca de las 9 y, durante 40 minutos, las organizaciones expusieron lo que significa esta propuesta para los docentes. Coincidimos en la importancia, pero se plantearon fundamentos desde distintos puntos de vista», explicó la legisladora.

Según detalló Galeano en declaraciones a Radio Libertad, que tras escuchar las presentaciones gremiales, la comisión abordó otros temas del orden del día, como un proyecto de la diputada María Flores para declarar patrimonio histórico un inmueble, el cual quedó pendiente de tratamiento por falta de opinión del área de Cultura y Patrimonio.

En cuanto a la cláusula gatillo, el debate derivó en dos despachos: uno que propone girar el proyecto a la Comisión de Hacienda, y otro que plantea mantenerlo en cartera para recabar opiniones de Hacienda, Educación y la Secretaría General de Gobierno.

«Es imprescindible contar con el análisis presupuestario. El proyecto no especifica de dónde se obtendrán los fondos, y toda iniciativa con erogación debe tener la opinión del área correspondiente. Por eso pedimos que quede en análisis solicitando estas opiniones», explicó Galeano, quien confirmó que el despacho resultó dividido.

Consultada sobre los tiempos legislativos, la diputada señaló que la factibilidad presupuestaria será clave para el tratamiento.
«El gobernador fue muy claro: no es una decisión definitiva, pero hoy la provincia no está en condiciones de realizar ese pago. Siempre se ha priorizado educación, salud y seguridad, pero cuando los recursos no alcanzan, hay que definir prioridades. Hoy la decisión, tomada con mucho dolor, es priorizar el pago de sueldos y la compra de insumos para salud y comedores», expresó.

La reunión contó con la presencia de todos los gremios docentes convocados: Amet, Sitech, Achabi y Utre Ctera.

Sobre la utilidad de la cláusula gatillo, Galeano consideró que se trata de una herramienta vinculada al contexto inflacionario:

«Siempre se pensó como una medida transitoria para sostener el salario frente a la inflación. En 2024, el Gobernador otorgó aumentos que superaron ampliamente el índice inflacionario: más del 200% frente al 177% de inflación.

Esto demuestra un compromiso real, no solo en lo discursivo, sino en la efectividad de las decisiones. Pero hoy la situación económica, agravada por medidas del gobierno nacional, obliga a priorizar lo urgente: sueldos, salud y alimentación», concluyó.

Cubells criticó al oficialismo por frenar la cláusula gatillo

La diputada del Frente Grande, Tere Cubells, por su parte denunció la contradicción del actual oficialismo chaqueño que hoy frena el proyecto de cláusula gatillo por ley, cuando anteriormente lo había impulsado desde la oposición.

Cubells explicó que su bloque presentó hace un año un proyecto similar al actual para que la cláusula gatillo tenga rango de ley, ya que actualmente existe pero no con ese estatus normativo.

En declaraciones radiales, la diputada responsabilizó al gobierno provincial de aliarse con las políticas del gobierno nacional para desconocer los acuerdos previos con la docencia. «Vienen estos tipos de gobiernos libertarios como el actual, que no tiene nada de radical sino absolutamente libertario y que se desdicen de todas las luchas y de todos los planteos anteriores que han presentado», sostuvo Cubells.

La legisladora indicó que el oficialismo justifica su posición argumentando problemas presupuestarios pero aclaró que «esto no es problema de ellos sino que el gobierno nacional fue y es apoyado absolutamente hasta en lo más mínimo por parte de este gobierno provincial».


Fuente: diariochaco.com

La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si acepta el pedido presentado por la Argentina para se mantenga en suspenso el fallo.

Diez años después de iniciada la causa, este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de la petrolera YPF como pago por la expropiación “mal realizada” por Cristina Kirchner en el 2012, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo, u otros.

Existen tres posibilidades:

-Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
-Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.
-Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.

Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos:

-Llegar a un acuerdo con los acreedores.
-No cumplir el fallo.

En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
Cuál es el origen de este juicio multimillonario

El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$ 16.100 millones, a los cuales se les suman más de US$ 2 millones diarios de intereses.

En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.

La demanda es porque el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

Según recordó Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.

En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores:

-Uno es el Grupo Petersen, que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.
-Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decide la expropiación de YPF. La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.
-Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.

El inicio de la causa

El juicio de YPF se inicia en 2015. Y es acá cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar: Burford Capital.

La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.

En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo.

Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente, puntualiza Clarín.

Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero Burford no compró las demandas, y no es propietario de las mismas.

Pero cuando los acreedores cobren la demanda, un 70% irá a Burford Capital y el 30% le corresponde a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.

Este síndico distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de Petersen, que no va a recibir fondos, porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería.

Fuentes cercanas a los Petersen aseguraron a NA que “la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios” en esa operación.

“Está certificado eso en la operación de compra”, señaló esa fuente de primera línea.

Fuente: NA