Domingo, 06 Septiembre 2026
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El tratamiento iniciará a las 14 horas, pero el Gobierno atendió la demanda de sus aliados y retiró el artículo de licencias del proyecto aprobado en el Senado.

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT.

Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

La sesión comenzará a las 14 del jueves y el principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada. El contexto de inactividad de transporte no abona a su optimismo, pero cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la UCR y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén.

Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas): desde la bancada apuntaron al artículo del Fondo de Asistencia Laboral. "La única pelea de mañana es el quorum", remarcaron para Ámbito desde Unión por la Patria, donde se mostraron poco optimistas sobre la posibilidad de generar un nuevo rechazo en caso de que la sesión inicie. En Provincias Unidas, otro de los bloques con dudas para respaldar el proyecto, consideran que el cambio aceptado por el Gobierno sobre el artículo de las licencias por enfermedad abre la oportunidad a nuevas reformas a la redacción original. Anhelan introducir reglamentaciones sobre las licencias parentales remover los apartados que modifican los estatutos, el financiamiento del cine y el trabajo en cárceles.

Además del proyecto oficialista, otros bloques tienen su propio dictamen: Unión por la Patria (29 firmas), Provincias Unidas (2 firmas), Coalición Cívica (1 firma) y el Frente de Izquierda (de rechazo). El artículo removido de licencias por enfermedad sostenía que "en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera".

Reforma laboral: los cambios claves

Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:

  • Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
  • Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.
  • Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.
  • Vacaciones: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.
  • Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.
  • Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.
  • Eliminación de la "ultraactividad": se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.
  • Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.
  • Trabajadores de plataformas: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.
  • Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar "el normal desarrollo de las actividades de la empresa" y deberá contar con autorización previa. También se establece que "el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma".

 

Fuente: ambito.com

 

En el día de huelga, el Ministerio de Seguridad promete implementación desde las primeras horas.

Atento a la movilización que anunciaron gremios de la CGT y las dos CTA en protesta contra la reforma laboral, el Gobierno implementará el protocolo antipiquetes desde las primeras horas del jueves. Así lo confirmaron fuentes oficiales ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta clase de manifestaciones, el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva decidió implementar un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte. Podrán actuar sin orden judicial, pero no tienen permitido portar “armas letales”.

A esta acción se suma el monitoreo y el seguimiento de acontecimientos que realizará el Comando Unificado Federal (CUF) durante toda la jornada.

Este comando posee la misión de coordinar los despliegues especiales interfuerzas en un perímetro determinado (en este caso, el centro porteño, en donde habrá protestas sindicales) “optimizando las capacidades organizativas y operativas”, tal como dice la resolución que crea el CUF, la 403/2024.

El protocolo

El comando está integrado por la secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y representantes de la ciudad de Buenos Aires, que también estarán atentos a lo que suceda en el distrito.

Hasta el momento, solo habrá marcha del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) al Congreso en señal de protesta y en coincidencia con el tratamiento del texto en la Cámara de Diputados.

“Ante el intento de avanzar sobre los derechos históricos de los trabajadores, el FreSU sostiene que es necesario trasladar la resistencia a las calles. Por este motivo, convoca a todos los gremios que quieran sumarse y a todos los trabajadores y trabajadoras a expresarse en todo el país, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos”, señala la convocatoria sindical que tiene a la Federación Aceitera y a ATE como protagonistas.



Fuente: NA

El resto de la provincia, en nivel naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel rojo el alerta por temperaturas extremas para el este del Chaco, y a nivel naranja para el resto de la provincia, y anuncia para este jueves una máxima de 41°C, con un leve descenso de la máxima a partir del viernes.

El organismo renovó el informe del alerta, y catalogó en nivel rojo a los cinco departamentos del este del Chaco (San Fernando, General Dónovan, Primero de Mayo, Libertad y Bermejo), mientras que el resto de la provincia está en nivel naranja.

Según el SMN, el nivel rojo implica efecto alto a extremo en la salud, con temperaturas muy peligrosas, que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

En tanto, el nivel naranja representa un efecto moderado a alto en la salud, con valores térmicos que pueden ser muy peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo.

El informe abarca también a Corrientes, con nivel rojo para el noroeste y de nivel amarillo para el resto del territorio provincial; Formosa, el noreste de Salta, y el noreste de Santiago del Estero, con nivel naranja; el centro y sur de Misiones, el noreste de Santa Fe, y el sur de Salta, en nivel amarillo.

ASÍ SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este jueves se espera nubosidad en aumento, cielo parcial a mayormente nublado por la mañana, y tormentas aisladas y chaparrones por la tarde-noche, con vientos leves del noreste. La temperatura oscilará entre 26 grados de mínima y 41 de máxima.

Asimismo, para el viernes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 34.

Por último, para el fin de semana, el SMN pronostica tiempo inestable, con probables tormentas aisladas, y ambiente muy caluroso, con temperaturas mínimas en torno a los 23 grados y máximas que rondarán los 35°C.


Fuente: datachaco.com

El referente de la Cooperativa de Motomandados, Fabio Zerpa, cuestionó la reforma laboral que contempla a repartidores y trabajadores de plataformas digitales, al considerar que no introduce modificaciones sustanciales en las condiciones del sector ni garantiza el reconocimiento pleno de derechos laborales.

La iniciativa, que incorpora disposiciones específicas para quienes prestan servicios a través de aplicaciones, fue evaluada por el dirigente como insuficiente para revertir una situación de precariedad que, según describió, se mantiene inalterable desde hace décadas.

Zerpa sostuvo que la realidad laboral de los motomandados continúa marcada por la informalidad estructural. «En el Chaco vamos a cumplir 30 años en la misma situación, con el 100% de los trabajadores en negro. Y así en todo el país», afirmó, al señalar que la problemática no se limita a una jurisdicción determinada sino que se replica a escala nacional.

En ese marco, planteó que la reforma no modifica de manera concreta el estatus jurídico ni las condiciones materiales de quienes desempeñan tareas de reparto.
Según expresó, la propuesta legislativa constituye «un placebo» que no implica avances reales en materia de reivindicación laboral.

Desde su perspectiva, el encuadre normativo que reconoce a los repartidores como «prestadores independientes» consolida un esquema que desnaturaliza la relación laboral efectiva, al excluir la figura del trabajador en relación de dependencia y los derechos asociados a esa condición, como aportes previsionales, cobertura de salud y estabilidad.

El dirigente explicó que la categorización como trabajadores independientes no se corresponde con las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. «No es trabajo independiente», afirmó, al introducir su argumento central sobre la existencia de elementos propios de una relación de dependencia que, a su entender, quedan invisibilizados bajo la actual regulación.

En ese sentido, precisó: «Si fuera un trabajo independiente, uno debería fijar sus horarios y tarifas. Pero las aplicaciones establecen cuánto se cobra y en qué condiciones se trabaja».

ANTECEDENTES JUDICIALES Y SEGURO DE ACCIDENTES
El referente recordó que en la provincia existen antecedentes judiciales favorables a trabajadores que reclamaron el reconocimiento del vínculo laboral con las plataformas.

Si bien no detalló casos específicos, señaló que esos fallos evidencian la controversia existente en torno a la naturaleza jurídica de la actividad y abren el debate sobre la necesidad de una regulación que contemple las particularidades del sector sin desconocer derechos básicos.

Uno de los puntos incorporados por la reforma es la obligatoriedad de un seguro de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto. Este aspecto fue considerado por Zerpa como el único elemento rescatable del nuevo esquema normativo, aunque relativizó su alcance efectivo.

«Lo único que se puede rescatar es el seguro, pero tiene muchos requisitos a la hora de reclamar», afirmó, al advertir que las condiciones para acceder a la cobertura podrían limitar su aplicación práctica.

Ingresos, costos y sustentabilidad de la actividad

En relación con los ingresos, el dirigente desmintió versiones que indicaban que un repartidor podría alcanzar con facilidad $450 mil mensuales. Según detalló, la realidad económica dista de esas estimaciones y depende de una alta cantidad de servicios realizados, así como de la capacidad de sostener jornadas extensas de trabajo.

Zerpa explicó que actualmente un envío ronda en promedio los $1.500 y que, para alcanzar un ingreso que permita subsistir, un trabajador debería concretar alrededor de 600 envíos mensuales.

Esa cifra supone un volumen elevado de tareas, con una carga horaria considerable y una exposición constante a riesgos viales y climáticos.
A ese escenario se suman los costos que asume íntegramente el propio trabajador.

El referente estimó que el gasto mensual en combustible oscila entre $250 mil y $300 mil, a lo que deben añadirse el mantenimiento del vehículo, repuestos, seguro e indumentaria. «Todos los costos los paga el trabajador», remarcó, al enfatizar que el esquema actual traslada la totalidad de los riesgos y gastos operativos al repartidor.


Fuente: diariolavozdelchaco.com