Si sale la Reforma Laboral, la pelea sigue en los tribunales. “La vamos a judicializar”, anticipó el triunviro de la CGT Jorge Sola. Los abogados especialistas coinciden en el planteo y dicen que “no pasa el tamiz constitucional”. “Golpearon todo el esqueleto”, sostienen y anticipan una conflictividad en ascenso.

Especialistas consultados por Página/12 coinciden en que viola la Constitución, tratados internacionales y convenios de la OIT. Alertaron sobre una ola de presentaciones de gremios y de trabajadores.

El gobierno de Javier Milei está apurado para sancionar la Reforma Laboral la semana próxima, pero la CGT ya anticipó que irá a los tribunales para frenarla porque es inconstitucional dado que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad de los derechos sociales.

En caso de sancionarse, la ley no solo generará la judicialización a través de las centrales obreras sino también de los gremios – que se vieron afectados directamente con la modificación de sus estatutos – o también por trabajadores individuales cuando, por ejemplo, ante un despido se deba definir qué norma lo rige. No solo eso, también habrá conflictos a la hora de establecer qué tribunales fallarán sobre la constitucionalidad dado que el proyecto propone pasar la justicia nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires. “Va a terminar en la Corte Suprema”, anticipó la abogada y docente universitaria Natalia Salvo.

La llamada modernización libertaria viola la Carta Magna y leyes específicas del mundo del trabajo, pero también tratados internacionales con rango constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los que Argentina suscribió.

Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, “toda la ley es inconstitucional” porque contradice el principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales y está establecido en el pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional en nuestro país.
“Indica que los Estados solo pueden legislar en materia de derechos sociales de manera progresiva. O lo que es lo mismo: el principio de irregresividad, que indica que no se puede retroceder. No está obligado a proteger más de lo que protege a los trabajadores, pero una vez que hay un marco de protección ya no puede retroceder. Solo con ese criterio no debiera superar un test de constitucional”, le explicó a Página/12.

Para el abogado y asesor sindical Juan Manuel Ottaviano, “esta norma es integralmente regresiva y eso la haría en su totalidad inconstitucional”. “Afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sobre todo en derechos fundamentales como el derecho a la huelga, a la protección contra el despido arbitrario, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, la indemnización del salario. Una cantidad de derechos enormes”, agregó Ottaviano.

Para Natalia Salvo uno de los primero puntos judiciables será determinar qué relaciones aplica la ley. “No es de aplicación retroactiva y ahí surge el primer problema. Si yo estoy trabajando actualmente, ¿La reforma laboral se me aplica o no se me aplica?. En el artículo 7 del Código Civil y Comercial dice que no, porque las leyes no son retroactivas porque afecta el principio de inviolabilidad de la propiedad privada y tus derechos son de tu propiedad. Sin embargo, están quienes dicen que, si bien no es retroactiva, es de aplicación inmediata. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, si en tres meses te despiden?. Te van a querer pagar con el Fondo de Asistencia Laboral porque eso era un derecho en expectativa”.

Justamente el FAL fue uno de los puntos más debatidos el jueves en la Cámara de Diputados. Para la oposición se trata de una maniobra de Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se usará para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema de jubilaciones. Es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo”, denunció Miguel Ángel Pichetto.

Los derechos colectivos en riesgo

Otro de los puntos clave tiene que ver con el derecho huelga, el proyecto establece porcentajes de prestación obligatoria de servicios mínimos en actividades esenciales (75%) y en actividades de importancia trascendental (50%), que van en contra de la constitución y de los estándares internacionales que establecen en qué circunstancias, muy restrictivas, se puede limitar el derecho a huelga. “Son parámetros establecidos por la OIT y no se cumplen en el listado de actividades que serían declaradas servicio esencial en la reforma laboral”, explicó Ottaviano.

Siguiendo con los derechos colectivos, también puede llevarse a la justicia la afectación a la libertad sindical, que además está incluida en el convenio 87 de la OIT, uno de los 8 convenciones fundamentales de los 190 que tiene la organización.

Los especialistas coinciden en que generará reclamos por sector al afectar varios convenios, como el de los trabajadores marítimos o de periodistas. Algo que se puede traducir en una ola de cuestionamientos judiciales de sindicatos y de los propios trabajadores, que van a tener conflictos a medida que haya demandas por despidos, cálculos indemnizatorios nuevos

“Hay exclusiones específicas de colectivos de trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo y exclusiones a los trabajadores de las plataformas, algo que no tiene antecedentes en el mundo. No hay ningún país que explícitamente diga que los trabajadores de plataformas son independientes y que no pueden gozar derechos laborales”, dijo Ottaviano.

Los derechos individuales

En cuanto a los derechos individuales, tanto en la ampliación de la jornada de trabajo como en la sustitución del pago de extras por el banco de horas, entre tantos otros, afectan la protección porque se deja librado al “mutuo acuerdo”. Estos arreglos van en contra del principio del artículo 14 Bis que dice que el trabajo tiene que ser protegido por las leyes. Se parte de la base de que hay que equilibrar una relación jurídica, que es desigual, en favor del trabajador, algo que esta norma no solo no tiene en cuenta sino que equilibra la balanza en favor de los empleadores.

“Se entiende que hay una relación muy desigual entre el empresario y el trabajador, entonces una de las funciones de la ley es sustituir la voluntad individual del trabajador –prohibir que el trabajador o la trabajadora renuncien a determinado derecho– porque se entiende que no es libre, que su voluntad está viciada o condicionada por la necesidad de tener un trabajo y un salario”, explicó Cremonte y dijo que el hecho de que individualmente se pueda renunciar a una jornada preestablecida, por ejemplo, puede ser inconstitucional en cuanto a que viola el principio de renunciabilidad y el sentido protectorio de la legislación laboral.

Otro de los focos de conflicto será el traspaso de la justicia nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, la disolución de un conjunto de tribunales que tienen que resolver sobre la constitucionalidad de la reforma laboral libertaria. “Va a terminar en la Corte Suprema”, anticipó Natalia Salvo, “además de modificarse la ley procesal”. “¿Quién va a resolver la inconstitucionalidad?, “¿Los tribunales que están tratando de sacar?. Hasta ese nivel de incertidumbre llega este proyecto”, agregó.

A diferencia de lo que pasó con el DNU 70/2023, que se frenó en la Justicia porque modificaba normas laborales a través de un DNU, en este caso es una ley que será sancionada por el Congreso Nacional por lo que no estaría en cuestión su proceso de creación. “En ese momento, lo que se cuestionó era la forma porque no puede el presidente promover una reforma laboral por un Decreto de Necesidad y Urgencia”, explicó Cremonte.

Ahora, la situación será distinta. El abogado advierte sobre la dificultad de que un tribunal declare inconstitucionalidad de la ley completa por cuestiones procesales “No es un tema de que no sea inconstitucional, sino si la CGT o alguna central obrera tiene la legitimación para que se declare inconstitucionalidad de normas que van a afectar individualmente a los trabajadores cuando se apliquen sino ‘no hay un caso´ en el que se basen los tribunales”.

Fuente: Página 12