La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, realizaron ayer una rueda de prensa para dar un informe sobre la causa iniciada por el Gobierno del Chaco contra la Fundación Valdocco con origen en la provincia de Santa Cruz, que en el 2010 se instaló en la provincia y creó una Unidad Educativa Privada con albergue estudiantil en General Vedia y en Comandancia Frías, que le significan al Estado provincial una erogación de más de 124 millones de pesos mensuales para el pago de sueldos de más de 70 docentes que ni siquiera residen aquí.
La ministra Naidenoff señaló que esta causa está en el Juzgado Civil y Comercial N° 21, quien «inexplicablemente» dio lugar a una medida cautelar presentada por el representante y en su momento rector de la Unidad Educativa Privada, el cura Juan Carlos Molina, ya que el Ministerio de Educación ante las irregularidades procedió a clausurar esta institución donde supuestamente brindaba servicio educativo a jóvenes con problemas de adicciones.
Pero, manifestó que «esta medida cautelar obliga al ministerio a seguir pagando, por lo tanto el Chaco va apelar para que no se le aplique astreintes, plata que tiene que pagar la provincia si no cumple , que es dinero de todos los chaqueños con una situación totalmente irregular».
Naidenoff comentó también: «Nosotros constatamos y 78 docentes, efectivamente, cobraban en las dos provincias (en Santa Cruz y en Chaco). A partir de ahí, se inicia una investigación exhaustiva, una instancia donde se les pide todos los comprobantes de esta fundación, a través de la Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada. En el mismo acto, saltó que el responsable de la fundación es el padre Juan Molina, acá en el Chaco también era rector y estaba viviendo en Santa Cruz», detalló.
Agregó: «El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, por su parte, inicia una denuncia hace varios meses , porque allá esta fundación tiene otras causas muy complejas, como por trata de personas, y le inician una causa al padre Molina». Mientras que dijo que «siguiendo las investigaciones que corresponden como Estado, las irregularidades eran cada vez mayores. Ante esto, volvemos a pedirle las documentaciones, ante la falta de las mismas, lo primero que se hace es dar de baja «, explicó Naidenoff. Además, se clausuró la fundación y se dieron de baja los cargos docentes, y se constató que no había estudiantes en la sede de Comandancia Fría, y «se deja de pagar lo que no corresponde, que es plata de todos los chaqueños, 124 millones de pesos que se pagaba a esta gente por mes», indicó la ministra. Aclaró que solamente quedó el anexo de esta unidad educativa privada en General Vedia, para corroborar todo lo atinente con 25 menores que estarían en el lugar.
El informe sobre la educación pública de gestión privada
El director general de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, al realizar un informe sobre la investigación iniciada, dijo que se constató que «fehacientemente funciona la institución educativa sólo en General Vedia con la presencia de 25 chicos en el nivel Primario, donde, desde el ministerio, se tomó intervención junto con el equipo de la Unidad de Protección de Infancias (UPI), porque «estos menores permanecen en situación de albergue por una cuestión de supuesto tratamiento terapéutico», aclarando que en esta modalidad educativa no está contemplado este sistema. «La UPI ha intervenido y plantea que hay algunas irregularidades, y que hay que seguir trabajando allí, porque la institución no tiene un sistema, una modalidad de revinculación con la familia, ni tampoco tiene prevista la culminación de ese proceso terapéutico».
Ereño recordó que «desde el ministerio se procedió a la clausura de la institución educativa y, obviamente, comienza todo un procedimie unnto para el resguardo de esos menores de edad, para la vuelta a sus situaciones familiares y para la reincorporación en el sistema educativo que corresponda en sus lugares de origen».
«Hemos podido corroborar que de los 99 agentes que la institución informa como parte de la unidad educativa privada, solamente unas 10 personas están efectivamente en General Vedia cumpliendo distintos tipos de funciones en donde no tenemos la documentación concreta y precisa. Unos 70 docentes, hoy por hoy, porque eran 78, en principio, de los cuales 6 fueron dado de baja, hoy hay 72 personas que tienen domicilio en distintas provincias y no en el Chaco, la institución tiene distintos niveles educativos. Nosotros ya tenemos corroborado que hay niveles educativos donde nunca hemos podido comprobar el funcionamiento como en el nivel Superior o en el nivel Secundario», detalló.
Dijo que «los de la fundación manifiestan que los alumnos de secundaria están de viaje en el sur y no tenemos ninguna documentación ni tampoco la escuela ha respondido cómo salieron de la provincia, porque en este ejercicio que nosotros hacemos de supervisión, las instituciones de gestión privada tienen por ley la obligación de brindar documentación y brindar información al Estado, al Ministerio de Educación y nosotros en los últimos dos meses hemos librado seis requerimientos de documentación y de información y de descargo que la institución no ha respondido ninguno», concluyó Ereño.
Denuncia ante la Fiscalía N° 2 por defraudación al Estado
Al respecto, el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, puntualizó la cuestión de los docentes que cobraban sueldos sin residir en el Chaco, exhibiendo un listado con casos de profesionales –según el último padrón electoral- que viven en Ingeniero Juárez (Formosa), Caleta Olivia y El Calafate (Santa Cruz) o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que se hizo una denuncia penal por defraudación al Estado, porque la justicia del Chaco, un juez, está pidiendo que le paguen un sueldo a esta gente, que ni siquiera está radicada en el Chaco». «Se hizo la denuncia ante la Fiscalía N° 2, y, al respecto, hay dos cuestiones: la cuestión penal por defraudación al Estado, que es lo que hizo el Ministerio de Educación, los denunció penalmente a todos estos docentes; y, por otro lado, a los responsables jurídicos de la fundación», precisó el secretario Gutiérrez. Además, indicó que «la medida cautelar de este amparo, que le pide al Ministerio de Educación que le paguen los sueldos a estos docentes que viven en otro lugar del país, también fue apelada y se hizo la contestación que corresponde, es decir, hay una cuestión del amparo y una denuncia penal que hemos hecho , porque tenemos más de 70 personas que figuran que trabajan en Santa Cruz y en Chaco».
Gutiérrez sostuvo que el Gobierno aguarda que «los informes sean lo suficientemente contundentes para que la Justicia se dé cuenta que no podemos pagar cerca de 130 millones de pesos a personas que no están en la provincia de Chaco».
Fuente: diariolavozdelchaco.com
