El Superior Tribunal de Justicia tomó conocimiento ayer de dos casos confirmados de coronavirus de agentes de la Oficina de Servicio Social de Sáenz Peña y dispuso la desinfección y el cierre de la oficina y el trabajo remoto del organismo por 72 horas.

También, ordenó el aislamiento preventivo del personal que haya tenido contacto estrecho por 14 días contados desde el 4 de septiembre.

La decisión se tomó por mayoría compuesta por Iride Isabel María Grillo, Rolando Ignacio Toledo y Emilia María Valle, con la disidencia de Alberto Mario Modi.

María Grillo, Toledo y Valle consideran que, conforme los argumentos vertidos en los considerandos de las resoluciones dictadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial en pandemia, el Superior Tribunal de Justicia debe velar por la adecuada prestación de la función judicial, preservando la salud de agentes, profesionales, justiciables y ciudadanía en general.

Asimismo, ponen de relieve que la medida dispuesta se adecúa a las recomendaciones de las autoridades sanitarias consultadas y a la Guía de Buenas Prácticas en Bioseguridad -Coronavirus- para el Poder Judicial, aprobada por Resolución N° 316/2020.

Finalmente, entienden que se trata de una medida razonable y proporcionada, ponderando que hasta el momento no se han informado o tomado conocimiento de contagios dentro del ámbito laboral, siendo que los agentes confirmados habrían contraído el virus o sus contactos se produjeron fuera del Poder Judicial.

Modi entiende que se debe disponer el cierre por catorce (14) días del respectivo edificio.

Además, teniendo en cuenta la cantidad de contagios verificados de COVID-19 hasta el presente, reitera que corresponde el retorno de la vigencia del Servicio Judicial de Urgencia, con el mínimo de dotación presencial de agentes, a fin de evitar concentración de personas en los lugares de trabajo, su circulación con riesgo de transmisión viral, conforme lo ya expresado en la Resolución del Superior Tribunal de Justicia Nº 413/20.

Fuente: diariocahaco.com

Harán hincapié en fiestas clandestinas, movilizaciones, usurpaciones y otras.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó este lunes por la tarde una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y del Poder Judicial, en la que acordaron la conformación de una mesa de control, monitoreo y planificación de protocolos de actuación, ante diversas faltas vinculadas a la pandemia.

El mandatario valoró positivamente el encuentro y detalló: “Nos permitió trabajar en la coordinación de un grupo especializado de vigilancia diurna y nocturna para prevenir e impedir fiestas clandestinas, encuentros familiares y deportivos, junto a movilizaciones que impliquen aglomeración de personas”.

Capitanich aseguró, además, que la coordinación efectiva en el territorio “nos permitirá combatir unidos esta pandemia” y que la aplicación de restricciones a la circulación con controles coordinados en localidades que experimenten aumentos significativos de casos “nos permitirá cumplir con un modelo adecuado de administración de casos, sin generar tensiones en el sistema sanitario”.

MESA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

La mesa de coordinación definirá políticas públicas a ser aplicadas ante casos de fiestas clandestinas, movilizaciones, usurpaciones, y todo tipo de violaciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO).

Las autoridades analizaron especialmente las situaciones particulares de Villa Ángela y General Pinedo, que volvieron a la fase de ASPO estricto, así como de Charata y Sáenz Peña, que están siendo monitoreadas de cerca por el crecimiento de casos. Además, definieron realizar encuentros semanales vía Zoom.

El no cumplimiento de las disposiciones de ASPO o DISPO implicaría la comisión del delito violación de medidas sanitarias contra una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal y quien lo haga debe ser sometido a un proceso de faltas y luego penal. En esa línea, aseguran que la Policía para evitar los efectos del delito no necesita órdenes de nadie, porque tiene la fuerza y autoridad necesaria para hacer cesar los efectos de un delito.

Sobre los protocolos de actuación planteados frente a situaciones de toma de tierras y usurpaciones, el Procurador General de la Provincia aclaró: “Se deben respetar los Derechos Humanos, y también debemos respetar los derechos de los propietarios de las tierras y la propiedad privada, como así el derecho del Estado provincial a disponer de las tierras fiscales para los planes de vivienda”.

En cuanto a las manifestaciones, la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, aseguró: “Nos preocupamos por los reclamos que tienen, pero también por lo que una movilización conlleva en materia de aglomeración de personas”, indicó.

Fuente: datachaco.com