Argentina transita la pandemia con un acumulado de 1.985.501 infectados y 49.398 muertos por COVID-19, mientras continúa con la campaña de vacunación. El Gobierno prevé que la semana próxima se reanude el arribo de vacunas rusas y chinas, y el propio Alberto Fernández anticipó que “está prevista la llegada del primer lote de vacunas de AstraZeneca”. Para seguir sumando armas para combatir el coronavirus, este martes el Ministerio de Salud de la Nación habilitó el uso de emergencia de una vacuna fabricada en India.

Se trata de la “COVISHIELD/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant”, por la cual el Gobierno argentino celebró un convenio con el Serum Institute de India, el organismo encargado de producirla en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca “en el contexto de una transferencia tecnológica”.

Según precisó la cartera sanitaria en la Resolución 627/2021, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, dicha transferencia al laboratorio de India “no impacta en la calidad, seguridad y eficacia” ya evaluada por ANMAT de la vacuna desarrollada por Oxford-AstraZeneca. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles ha elaborado un informe técnico en el que concluyó “recomendable proseguir con la solicitud de autorización de emergencia de la misma”.

“ANMAT ha recibido de manera secuencial la información correspondiente, según lo establecido por el procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad, accediendo a información sobre su seguridad y eficacia, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos”, precisó el Ministerio de Salud.

Por ello y teniendo en cuenta “el contexto internacional que limita el acceso a otras alternativas por la disputa global de vacunas”, el Gobierno procedió a autorizar con carácter de emergencia la vacuna Covishield. “Esta vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-Cov-2″, justificó la cartera administrada por Ginés González García.

India es un gran productor de medicamentos y, también de vacunas con investigación propia. En agosto de 2020 constituyó un Grupo Nacional Experto para la Administración de la Vacuna contra el COVID-19 con el objetivo de coordinar la contratación y distribución de vacunas. A la fecha tiene avanzados tres proyectos: por un lado, Covaxin, desarrollada por Bharat Biotech en asociación con el Consejo Indio para la Investigación Médica (CMR, en inglés); en segundo lugar, ZyCOV-D, desarrollada por Zydus Cadila, que espera producir más de 100 millones de dosis; y por último, la Covishield, aprobada este martes por el Gobierno, que es un proyecto del Serum Institute of India en colaboración con AstraZéneca para desarrollar una investigación original de la Universidad de Oxford.

A pesar de que India inició recientemente su programa de inmunización local, con el objetivo de competir con China, ha estado abasteciendo a países vecinos con millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hasta ahora, India ha suministrado 15,6 millones de dosis de la vacuna a 17 países, ya sea a través de donaciones o contratos comerciales.

Fuente: infobae.com

A través del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso: solo pagarían los salarios mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados. De esta forma, el tributo sólo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa, que ingresó el viernes pasado con la firma de Massa, busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.
Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $ 74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

“La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, aseguró Massa ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”.

El texto incluye además un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias. Y conserva el criterio de progresividad para el resto de los trabajadores y jubilados.

El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar 569 mil empleados y jubilados; 157 mil en CABA; 103 mil en Córdoba, 98 mil en Santa Fe y 32 mil en Entre Ríos (ver infografía con todas las provincias).

“El presente proyecto tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este Gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, plantea en sus fundamentos el texto del proyecto al que accedió este medio.

“De manera complementaria, 102.741 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas con remuneraciones de entre PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($ 173.000) gozarán de un incremento adicional de sus deducciones para evitar saltos bruscos en la escala del impuesto. Adicionalmente, este promedio razonable de empleados y empleadas, jubilados y jubiladas que quedaría pagando el impuesto respeta el concepto de progresividad”, se especificó.


Fuente: Infobae