La licitación de la Hidrovía, una de las concesiones sobre recursos en el país más importantes en trámite, desde su anuncio oficial, acumula numerosas denuncias por sospechas de irregularidades en su contra.
Sectores vinculados a la navegación advierten que el pliego de la licitación nacional e internacional incluye cláusulas que parecen favorecer claramente a la empresa belga Jan De Nul.
En esa línea, actores navieros señalan que el proceso desincentiva la competencia poniendo en duda la transparencia del proceso.
Cabe recordar que desde 1995, Jan De Nul ha mantenido contratos para el dragado de la Hidrovía a través de Hidrovía SA, sociedad conformada junto al grupo local Emepa.
No obstante, su titularidad casi exclusiva a lo largo de casi tres décadas en las concesiones otorgadas han sido objeto de múltiples críticas.
BENEFICIOS
Durante los primeros años, se realizaron renegociaciones prematuras que otorgaron extensiones de los contratos y beneficios tarifarios cuestionados.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 1997, cuando la tarifa de peaje fue aumentada y se extendió el plazo de concesión apenas dos años después de haberse iniciado el contrato.
En un contexto de emergencia económica, cuando otros servicios públicos permanecían con tarifas pesificadas y congeladas, las concesiones relacionadas con la Hidrovía continuaron dolarizadas.
Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, incluso se permitió un aumento del 45 por ciento en la tarifa de peaje.
Esta tendencia se mantuvo en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, acumulando un incremento total del 81 por ciento en dólares,
Desde el sector de la navegación insisten que estas decisiones, que beneficiaron a una sola empresa, también generaron una inquietud instalada sobre el impacto en la competitividad económica del país en materia fluvial.
ANTECEDENTE DE SOBORNOS
Actores navieros advierten que el caso de Jan De Nul no solo está vinculado a cuestiones tarifarias.
Recuerdan que en la causa conocida como «Cuadernos», Gabriel Romero, representante de Hidrovía SA, confesó haber pagado sobornos a funcionarios públicos para obtener extensiones de concesiones y la aprobación de acuerdos.
Remarcan que estas declaraciones, aunque significativas, no han llevado a interrogatorios a los directivos de Jan De Nul, lo que también pondría en evidencia una falta de acción judicial.
PREFERIDA
Otro punto polémico es que en 2021, la Administración General de Puertos (AGP) adjudicó directamente los trabajos de dragado a Jan De Nul sin realizar una licitación, a pesar de que otras empresas presentaron ofertas hasta un 30 por ciento más económicas.
Este hecho no solo generó controversia por la falta de competencia, sino también por el aumento del precio de contratación directa en más de un 30 por ciento.
Entonces, la AGP justificó esta medida alegando urgencia, sin poder omitir las críticas que apuntaron a un manejo discrecional de los recursos públicos.
El proceso estuvo plagado de inconsistencias y direccionamiento, lo que llevó a la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Las irregularidades detectadas motivaron investigaciones contra altos funcionarios de la AGP, quienes, a pesar de las denuncias, continuaron ocupando cargos relevantes.
Impacto económico
Voceros gremiales y empresariales señalan que las irregularidades en la licitación de la Hidrovía tienen un impacto directo en la competitividad del sector exportador e importador argentino.
Remarcan que la falta de transparencia y las decisiones que benefician a una sola empresa generan costos adicionales que afectan a toda la cadena productiva.
Sostienen que, en un contexto económico delicado, estas prácticas representan un obstáculo para el desarrollo del comercio exterior del país.
Remarcan que la Hidrovía es la vía fluvial por la que transita el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, lo que la posiciona como un activo estratégico para la economía del país.
Subrayan que garantizar su funcionamiento bajo condiciones justas y transparentes es esencial para el desarrollo económico y social.
En ese sentido, insisten en que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con celeridad y firmeza para corregir las irregularidades detectadas y restaurar la confianza en el sistema de concesiones públicas.
Reclamos por una mayor federalización
Desde la provincia del Chaco y de Corrientes, en el marco del bloque Litoral, se ha expresado en numerosas oportunidades preocupaciones y reclamos sobre su gestión y las decisiones tomadas a nivel nacional.
Reiteradamente, ambas provincias han insistido en la necesidad de políticas claras que promuevan una gestión más federal de la hidrovía.
Uno de los reclamos más reiterados es garantizar la navegabilidad hasta la represa de Yacyretá, lo que permitiría una integración más efectiva de la provincia en el corredor fluvial y potenciaría su desarrollo económico.
LICITACIÓN Y PARTICIPACIÓN REGIONAL
No obstante, las provincias también han manifestado inquietudes respecto al proceso de licitación de la hidrovía.
Especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste han reclamado una participación nacional más equitativa y beneficios regionales claros para el litoral argentino. En ese sentido, se ha señalado la importancia de que las empresas argentinas tengan oportunidades reales en las licitaciones, promoviendo así el desarrollo local y evitando la concentración de beneficios en manos extranjeras.
CRÍTICAS A LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Diversos actores en la región han criticado la ausencia de prácticas de transparencia en el proceso licitatorio, como la falta de espacios de diálogo con actores clave.
Fuente: diariolavozdelchaco.com
