Jueves, 30 Abril 2026
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La Argentina se prepara para vivir una jornada convulsionada el próximo martes, cuando se conozca el fallo en la causa por presunta corrupción con la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

La sentencia prevista para el próximo martes en la causa que tiene sentada a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados por presuntos actos de corrupción podría constituirse en un punto de inflexión en la historia democrática moderna en la Argentina, de igual modo que en un momento bisagra para el actual Gobierno, en el caso de que finalmente resulte condenada.

Se espera que sea una jornada tensa y convulsionada la del 6 de diciembre si el kirchnerismo sale a las calles, como está previsto, para respaldar a la vicepresidenta de la Nación, que el 19 de febrero del año que viene cumplirá 70 años y es poco probable que termine presa, de todas maneras, si los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la declaran culpable. Largas instancias de idas y vueltas judiciales se pondrán en marcha entonces hasta que el fallo quede firme, si es que sucede en definitiva.

De cualquier modo, la decisión que tomen los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso mantiene en vilo prácticamente al país entero y ni siquiera la "burbuja mundialista" en la que se encuentra inmersa la Argentina tras la clasificación de la Selección nacional en Qatar 2022 evitará que adquiera una centralidad cardinal la semana próxima, días antes de que la "Scaloneta" busque avanzar a las semifinales del certamen que se disputa en Oriente Medio frente a Países Bajos. Se trata sin duda de un repentino regreso a la realidad.

El kirchnerismo se encuentra hoy en estado de alerta, después de las luces rojas que se encendieron el lunes 22 de agosto pasado cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina. En la causa conocida como "Vialidad", se investigan presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante 2003 y 2015.

"Señores jueces, es corrupción o justicia. De ustedes depende", enfatizó Luciani en esa oportunidad. En tanto, Mola calculó que el perjuicio para el Estado, por el supuesto pago de sobreprecios, ascendía a poco más de 5.321 millones de pesos. Según los fiscales, Cristina se desempeñó como la jefa de una asociación ilícita que desviaba fondos públicos en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El ex empleado del Banco de Santa Cruz cuyo patrimonio se incrementó de manera exponencial con la familia Kirchner en el poder también está imputado, de igual modo que los ex funcionarios Julio De Vido y José López -el de los bolsos-, entre otros. De todos modos, el núcleo duro K solo está enfocado en la suerte que pueda correr Cristina cuando se anuncie el veredicto el próximo martes desde los tribunales federales de Comodoro Py.

Después de que Luciani y Mola dejaran a la ex mandataria entre la espada y la pared con su alegato, el kirchnerismo lanzó una enérgica contraofensiva con la actual vicepresidenta a la cabeza y arremetió especialmente contra la Corte Suprema de Justicia, argumentando una supuesta persecución política. La propia Cristina tildó al tribunal que la juzga como un "pelotón de fusilamiento", en sintonía con una radicalización de su discurso frente a este asunto judicial que la afecta tras conocerse el pedido de condena en su contra.

Un punto de inflexión en la historia

El fallo del TOCF2, en caso de un resolución desfavorable para la ex jefa de Estado, además de la repercusión social que causaría, con manifestaciones callejeras y un anunciado paro de empleados del sector público, al menos en la Capital Federal, entre otras réplicas, significaría ciertamente un punto de inflexión en la historia democrática reciente de la Argentina, con una funcionaria nacional de alto rango y enorme relevancia política sentenciada a prisión.

En este sentido, en el kirchnerismo comparan la situación que involucra a Cristina con la investigación judicial por supuesta corrupción que terminó con una condena a prisión -luego anulada- contra Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que el dirigente de 77 años fuera electo por tercera vez como presidente de Brasil. De todos modos, las acusaciones con las que debe lidiar hoy la ex mandataria revisten una frondosidad significativamente mayor que aquellas sospechas que sobrevolaban al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El núcleo duro K insiste en que la Justicia busca proscribir a Cristina, en vísperas de una sentencia que, sea cual fuera la decisión del tribunal, profundizará probablemente la grieta que divide a la sociedad argentina entre kirchneristas y antis. De igual manera, podría constituirse en un momento bisagra para el actual Gobierno, sobre todo en el caso de que el veredicto sea: "Culpable".

De ser así, la administración que encabeza Alberto Fernández, inmersa en una evidente crisis de gestión y de liderazgo, debería asumir una defensa corporativa de Cristina, en un contexto en el que la líder del Frente de Todos (FdT) insiste en mostrarse como una suerte de "analista externa" de su propio invención gubernamental, con una postura marcadamente crítica.

La reacción del sector moderado del FdT, en especial de lo poco que queda de "albertismo", sería escudriñada con lupa por el kirchnerismo, en medio de una interna que ha recrudecido en las últimas semanas a partir del operativo clamor lanzado por dirigentes y militantes cristinistas para que la "Jefa" sea candidata en las elecciones generales de 2023.

Asimismo, si bien no lo comentan en público, lógicamente, en privado sí funcionarios muy cercanos al presidente Fernández admiten que sería una mácula para el Gobierno que la mismísima vicepresidenta de la Nación resultara condenada por actos de corrupción, según pudo averiguar NA de fuentes oficiales. "No está bueno", reconocen puertas adentro.

El peronismo, un "yudoca" de la política nacional

Hasta que el fallo quede firme, de todos modos, la sentencia del próximo martes si Cristina es declarada culpable no debería impedirle presentarse como candidata en los comicios del año que viene -¿en busca de renovar sus fueros?-. En ese caso, a su actual impronta de campaña que gira en torno de que "todo tiempo pasado fue mejor" y rebate la idea de que la ex mandataria encarna la "fuerza de la esperanza" quizá desde el Instituto Patria le agreguen matices adicionales de victimización.

A lo largo de la historia, el peronismo en general ha sabido demostrar largamente que se mueve como un yudoca en el escenario político doméstico, listo para capitalizar eventuales embestidas de terceros -o de sus contrincantes, llevando la metáfora a un contexto deportivo- y fortalecerse en consecuencia. Es decir, quienes crean que el kirchnerismo tendría las horas contadas si Cristina es declarada culpable probablemente se equivoquen.

E incluso más, una hipotética absolución de la ex presidenta -porque está claro que cualquier fallo es posible con la peculiar
Justicia argentina- lógicamente sería un alivio para ella y su familia, de igual modo que allanaría el camino para que se postule en las próximas elecciones, pero desde lo simbólico quizá no termine siendo tan redituable en términos políticos y electorales que si sucede, en definitiva, lo contrario. Es decir, está por verse de qué manera podría robustecer más su figura.

Porque es evidente que la titular del Senado adquirió una centralidad ciclópea en el escenario político doméstico desde aquel 22 de agosto y el posterior intento de asesinato del que fue víctima a comienzos de septiembre, en medio de una coyuntura que la encontraba siendo vitoreada hasta la euforia por la militancia kirchnerista y dirigentes afines. Sobre todo por los llamados "Pibes para la liberación".

Y a propósito de estos "pibes", que está claro que ya no lo son tanto: ovacionaron a Cristina en su reciente acto en La Plata y la aplaudieron cuando se explayó sobre la problemática de la inseguridad que afecta a vastos sectores de la sociedad argentina y bonaerense, en especial en el Conurbano. Pero no se los escucha sublevarse contra el actual crecimiento de la pobreza, el aumento del costo de vida y el avance del narcotráfico en las barriadas más vulnerables del país -lo que también está sucediendo ahora- cuando replican consignas del manual anti-macrista que profesa La Cámpora. ¿Qué "revolución" planean llevar adelante así?

Mientras tanto, los bonaerenses parecen haberse convertido una vez más en rehenes de una interna policial, que -según aseguran- se encuentra al "rojo vivo" en estos días. Fuentes consultadas por NA en este sentido dijeron que los persistentes rumores sobre la continuidad -o no- de Sergio Berni en su cargo podrían haber sido gestados desde el seno mismo de la Fuerza que comanda como ministro de Seguridad provincial. ¿La finalidad? Debilitar al jefe de la Policía bonaerense, Daniel "Fino" García, para que otro uniformado, en definitiva, ocupe su lugar.

"Todas estas falsas renuncias y salidas de Berni se gestaron dentro de la Bonaerense. Si logran que Berni se vaya, el 'Fino'
también se va y ese es el objetivo para poder reemplazarlo en el cargo. Y para eso la política juega un importante rol, por ese motivo los jefes buscan apoyo allí", dijo una fuente confiable a esta agencia. Al grupo que intentaría dejar indefenso a García se lo conoce como "La Hermandad" y mientras el ministro resista, "la interna se irá tornando feroz", advierten. ¿Está al tanto el gobernador Axel Kicillof de esta situación?

 
Fuente: Noticias Argentinas

Alberto Fernández había cuestionado duramente a los jueces que ordenaron liberar a los acusados de tener un "plan criminal" y difundir mensajes violentos contra las autoridades nacionales.

Este jueves, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación Revolución Federal, acusados de tener un "plan criminal" y difundir mensajes violentos con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.

De Giorgi consideró en su fallo de 60 páginas que este tipo de conductas se enmarcan por fuera de la protección constitucional a los derechos de libre expresión. Por lo que, fueron procesados en los delitos que prevén penas de hasta ocho años de prisión.

Asimismo, los bienes de los miembros de Revolución Federal fueron embargados hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos.

Morel, Sosa, Guerra y Basile "utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes".

"Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas", aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.

De esta manera, los miembros de la organización querían "incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados - pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado", agregó el magistrado.

De todas maneras, para los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugia, las actividades de la agrupación extremista no tienen relación directa con la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, ambas causas se tramitan en expedientes separados.
Fernández cuestionó a jueces que liberaron a integrantes de Revolución Federal

Con ese marco, Fernández repudió públicamente la actuación de la Sala 1 de la Cámara Federal que, de forma reciente, ordenó liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que habían sido detenidos por el posible delito de incitación a la violencia colectiva.

En tanto, publicó: "Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional".

"Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la nación", remarcó.
La investigación

La investigación comenzó cuando la Policía Federal recibió un mail de un hombre que les advertía que en la cuenta de Revolución Federal habían publicado amenazas contra las autoridades nacionales. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”, expresaba uno de los violentos mensajes.

Asimismo, la AFI presentó una transmisión en vivo realizada en Twitter el 26 de agosto, bajo el título “hay que pudrirla?” en la que sus participantes comentaban: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…Pero yo te juro…si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguido y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”.

Durante la transmisión continuaron con amenazas contra el presidente Alberto Fernández: “No lo escucho porque me violenta, encima viejo hijo de puta viaja en helicóptero porque si viaja en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise pero se lo abollo todo y se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”.

“Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”, siguió.

Uno de los participantes de la transmisión pública remarcó que tiene conocimiento del domicilio del diputado nacional e hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner:

Morel: ¿Pasas todos los días por la casa de Máximo?

Franco Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: ¿Uhh como no lo mataste, boludo?

Fuente: datachaco.com

Así lo definió la jueza federal María Eugenia Capuchetti en una resolución de 127 páginas a la que accedió Noticias Argentinas.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó hoy a Nicolás Carrizo, supuesto líder de la llamada "banda de los copitos", y a Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, "en calidad de cómplices" del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así lo definió Capuchetti en una resolución de 127 páginas a la que accedió Noticias Argentinas, en la que la jueza federal precisó que "a partir del plexo probatorio reunido" quedó "demarcada la intención previa, pre ordenada y directa que han tenido los imputados, de acabar con la vida de la víctima".

"Quedó demostrado, a lo largo del presente resolutorio, que los imputados (Fernando) Sabag Montiel, (Brenda) Uliarte, Carrizo y Díaz tenían como plan común, dar muerte a la Vicepresidenta de la Nación", puntualizó.

La jueza federal dispuso el embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes de Carrizo y Díaz, además de dictar el procesamiento con prisión preventiva a ambos.

En el marco de la investigación, Capuchetti le imputa a Carrizo "el haber haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con, cuanto menos, Femando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y Agustina Mariel Díaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".

Además, la jueza consignó que el joven "intervino de forma activa en la planificación del suceso, habiendo aportado para su realización un arma de fuego tipo pistola calibre 22 corto, la cual finalmente no fue la empleada para concretar el delito planificado".

"Tal circunstancia se desprende de los mensajes mantenidos entre el nombrado Carrizo y 'Andrea' (abonado 11 3326 64xx) como así también con otros contactos", detalló.

También "se le imputa haber falsificado o participado en la falsificación de los certificados de discapacidad nro. 00026488-9 (emitido a nombre de Fernando André Sabag Montiel por la Junta Evaluadora de Quilmes, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires) y nro. 0075849-9 (emitido a nombre de Brenda Elizabeth Uliarte por la Junta Evaluadora Municipal de San Miguel, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires), los
cuales fueron secuestrados al momento de sus respectivas detenciones".

En tanto, a Agustina Díaz se le imputa "haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con cuanto menos Fernando Andre Sabag Montiel, Gabriel Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".

"A tal fin, la nombrada intervino activamente en la planificación del suceso, manteniendo numerosas conversaciones con Brenda Elizabeth Uliarte donde establecieron el modo de cometer el hecho, dándole consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer y brindó su cooperación con posterioridad al mismo, a partir de promesa anterior, a fin que dicho plan no quede al descubierto", puntualizó.

Para Capuchetti, "corresponde hacer una distinción en la participación que le corresponde tanto a Carrizo como a Díaz", motivo por el que explicó que "si alguien no tiene objetivamente el dominio sobre el acontecer de un hecho y no toma parte en el ejercicio del mismo –si no tiene las riendas del evento–, no puede ser autor".

"En efecto, no pueden verse alcanzados por tal concepto los imputados que hayan intervenido sólo en la ideación y planeamiento del suceso. En efecto, quienes participaron en el injusto – Díaz y Carrizo – cuyo rol estuvo supeditado a la ejecución del hecho por parte del resto de los intervinientes – Sabag Montiel y Uliarte –, con quienes planificaron y organizaron su realización –coautores –, no pueden más que responder en calidad de cómplices. En suma, planificar no es lo mismo que ejecutar", describió.

Por último, al detallar las causas por las que no se concretó el disparo, la jueza precisó que "dicho suceso no se vio concretado por razones ajenas a sus voluntades y a partir de la inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar, quienes lograron reducir a Sabag Montiel instantáneamente, impidiéndole que continúe con su accionar".

Fuente: Noticias Argentinas

Este martes, el Tribunal Oral Federal leyó la sentencia para todos los implicados en esta causa. Quedaron absueltos la mayoría de ellos en la justicia federal.

Este martes por la mañana, el Tribunal Oral Federal leyó la sentencia por la causa Lavado I, la cual absolvió de toda culpa a los implicados por lavado de activos: ex secretario de la Gobernación, Horacio Rey; ex ministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo; Ismael Fernández; Cristina Dellamea; César Zibecchi; Ramón Chávez; Carlos Osuna; entre otros.

Sin embargo, condenó a cuatro años de prisión a Gustavo Katavich y a tres años en suspenso a Claudia Varela.

La absolución, de igual manera, no queda firme hasta la próxima instancia, ya que el fiscal Federico Carniel podría apelar la sentencia en los días siguientes.

Lugo, a la salida del tribunal, agradeció a Dios, a su familia, a sus amigos defensores, y a todos los que creyeron en él. Además, señaló que seguirá en la provincia y ejerciendo la actividad comercial en supermercados.


Fuente: diariochaco.com