Sábado, 05 Septiembre 2026
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La crisis argentina obligó al Fondo Monetario Internacional a recalcular más de una vez todos sus pronósticos para el país y volvió a hacerlo una vez más en su nuevo informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés). Según las nuevas proyecciones, dadas a conocer hoy desde la paradisíaca isla indonesia de Bali, donde el FMI celebra esta semana su reunión anual, la economía argentina retrocederá un 2,6 por ciento en 2018 y otro 1,6 por ciento el año que viene.

Esta caída, que va en línea lo que vienen anticipando algunas consultoras y confirma que la recesión no cederá en el corto plazo, se recorta contra una economía global que según la proyección del Fondo crecerá a un buen ritmo de 3,7% en 2018 y 2019 (0,2% menos por año en comparación con los cálculos de abril pasado, en parte por la guerra comercial que inició Estados Unidos), aunque más adelante las perspectivas declinan levemente.

"La Argentina irá en cambio a contramano de ambos grupos de países, según las previsiones del Fondo. Venezuela también: su PBI caerá 18% este año y otro 5% en 2019"

La mayor contribución a ese crecimiento global lo harán los países emergentes, con un 4,7% en 2018 y 2019. América latina en conjunto progresará 1,2% este año y 2,2% el próximo. Brasil y México, las principales economías de la región, crecerán 1,4% y 2,4% en ese mismo período en el caso del primero, y 2,2% y 2,5% el segundo. La Argentina irá en cambio a contramano de ambos grupos de países, según las previsiones del Fondo. Venezuela también: su PBI caerá 18% este año y otro 5% en 2019.

"La actividad se frenó de manera más marcada en la Argentina, Brasil y Turquía, donde incidieron factores específicos de estos países y la inquietud de los inversores", destaca el informe. Entre esos factores menciona, en el caso de nuestro país, "condiciones financieras globales más estrechas, junto con un escándalo de corrupción doméstico", en alusión al caso de los cuadernos, "y una persistente incertidumbre sobre el éxito del plan de estabilización que integra el acuerdo con el FMI".

La variación de los pronósticos para la Argentina ofrece una medida del rápido deterioro de la situación general del país en los últimos meses. En octubre de 2017, las primeras proyecciones del Fondo para este año habían anticipado un crecimiento del orden del 2,5%, que luego fue revisado al 2%. Pero sobrevinieron las turbulencias cambiarias, la sequía que afectó a la producción agrícola, las altas tasas de interés y el ajuste acordado con el FMI para alcanzar el equilibrio fiscal, y el combo barrió con todos los cálculos de los técnicos del organismo multilateral.

Las nuevas estimaciones del Fondo ofrecen un cuadro incluso más pesimista que el que dio el Gobierno apenas un mes atrás, cuando sinceró sus proyecciones y habló de una caída del PBI del 2,4% este año y de un virtual estancamiento (0%) en 2019. El cálculo que prevé ahora el FMI para 2019 se desprende de un flojo comienzo de año, por el arrastre de los números negativos de 2018, y una recuperación que se iría acelerando a partir del segundo o tercer trimestre, pero que no alcanzaría de todos modos para que el promedio anual se ubique en terreno positivo.

Recién en el mediano plazo hay mejores noticias. Las proyecciones del Fondo vaticinan un posible crecimiento de 2,7% en 2020 y de 3,2% en los años siguientes, aunque con la condición de que la Argentina cumpla "con la implementación continua de reformas y (haya) una recuperación de la confianza", indica el informe.

"El cálculo que prevé ahora el FMI para 2019 se desprende de un flojo comienzo de año, por el arrastre de los números negativos de 2018, y una recuperación que se iría acelerando a partir del segundo o tercer trimestre"

Sólo el sector exportador dará buenas noticias en los próximos meses. Ese debería ser el motor principal de la economía, según las previsiones, impulsado por la producción agrícola, aunque en buena medida esto dependerá de un factor tan incierto como el clima. La desocupación, otro indicador contenido en el WEO, mostrará una evolución negativa al pasar de 8,9% en 2018 a 9,4% un año más tarde.

Las proyecciones de inflación también sufrieron sucesivas modificaciones. En su nuevo informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo estima que este año el alza de precios ascenderá a 40,5% en la Argentina y habrá una brusca caída a 20,2% en 2019. También en este rubro el país ocupa el segundo lugar detrás de Venezuela en un podio en el que nadie quiere estar. El promedio regional será de 6,8% en 2018 y de 4,9% un año después.

La contención de la inflación será la prioridad número uno del nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que participó activamente de las negociaciones con el organismo multilateral y goza de la plena confianza de sus técnicos. Una novedad que consigna el informe del FMI es que el índice oficial de precios al consumidor, antes excluido por "restricciones de datos", eufemismo que usa el Fondo para referirse a la manipulación de las estadísticas durante el kirchnerismo, es ahora incluido en el análisis con efecto a partir de 2017.

"Sobrevinieron las turbulencias cambiarias, la sequía que afectó a la producción agrícola, las altas tasas de interés y el ajuste acordado con el FMI para alcanzar el equilibrio fiscal, y el combo barrió con todos los cálculos de los técnicos del organismo multilateral"

La reducción del indicador ya no será resultado de un esquema de metas inflacionarias, como el que utilizó el Gobierno en sus primeros años y que fracasó estrepitosamente, sino por la aplicación de la política monetaria contemplada en el nuevo acuerdo alcanzado con el FMI, que fue anunciado días atrás en Nueva York por el ministro Nicolás Dujovne y la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde.

Al acuerdo sólo le falta la aprobación del directorio del FMI, que se reuniría a fin de mes para ponerle la firma, según pudo saber Infobae. Había alguna especulación con que esa aprobación se diera en estos días en Bali, durante la reunión anual del organismo. Pero no sería así por cuestiones de agenda. Luego tendría lugar la revisión del programa y el primer desembolso del crédito a tres años luego de la redefinición del programa con la Argentina.

 

Fuente: infobae.com

Hasta ahora, la diputada se había tomado libertades para atacar a distintos integrantes de Cambiemos, pero siempre había mostrado especial cuidado para preservar su relación con el Jefe de Estado

La misma semana en que se quedó sin poder presidir la comisión bicameral que controla a los fiscales, Elisa Carrió decidió doblar la apuesta al iniciarle, prácticamente, un juicio público a Mauricio Macri.

Tras una escalada dialéctica que empezó con la amenaza de juicio político al ministro de Justicia, la líder de la Coalición Cívica lanzó el sábado una advertencia casi temeraria: "Si tengo que denunciar, denuncio. Aunque sea al presidente de la República".

Hasta ahora, Carrió se había tomado libertades para atacar a distintos integrantes de Cambiemos, pero siempre había mostrado especial cuidado para preservar su relación con "Mauricio", como suele referirse al Presidente. Esta vez, la diputada apuntó sus misiles directamente contra Macri y puso en duda su confianza. ¿Por qué?

Carrió está convencida de que desde lo más alto de la Casa Rosada existieron movimientos en distintos ámbitos para aliviar la situación judicial de Angelo Calcaterra.

 

Uno de sus principales colaboradores no estaba seguro y la llamó ayer al mediodía para preguntarle qué opinaba de la nota que había publicado Perfil bajo el título "Echan de la AFIP a funcionarios clave y Carrió apunta a informes contra Iecsa". La respuesta de la diputada fue breve pero no dejó ningún resquicio para las dudas: "Es así".

Entre los seis desplazamientos que hubo el viernes en la AFIP, Carrió enloqueció por tres: Horacio Castagnola (jefe de la Dirección General Impositiva, DGI), Jaime Mecikovsky y Carlos Bo.

Una fuente de la AFIP consultada por Infobae confirmó que los tres habían trabajado en un informe sobre el soterramiento del Sarmiento que resultó desfavorable para los intereses de Iecsa y Calcaterra.

"A la supervisora que hizo el informe la apuraron. Tenía que irse de vacaciones y le habían dicho que no la iban a dejar hasta que no lo terminara. Ese informe salió del área de Grandes Contribuyentes nacionales y ya fue presentado en sede judicial", explicó. La misma fuente agregó: "La idea era dejar mal parado a (Leandro) Cuccioli frente a la Casa Rosada".

Carrió, que sabía del trabajo que venían haciendo estos tres hombres de la AFIP, ya había pedido que los protegieran. Cuando se enteró de que habían sido echados, estalló.

"Sacar a tres hombres de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente", tuiteó Carrió a las seis de la tarde de ayer. No hace falta aclarar que para la líder de la Coalición Cívica, Ricardo Echegaray, titular de la AFIP durante el kirchnerismo, es sinónimo del diablo.

Poco más tarde del tuit de Carrió, la AFIP de Cuccioli se sintió obligada a sacar un comunicado titulado "Las razones de los cambios en la conducción del organismo".

"Es importante señalar que estas modificaciones no obedecen a ningún condicionamiento político, no frenan ninguna investigación en marcha ni tampoco la activa y permanente colaboración de la AFIP con las diversas causas que lleva adelante la Justicia Federal", dice el párrafo que alude, sin mencionarlo con nombre y apellido, al informe sobre Calcaterra y a las sospechas de Carrió.

 

Fuentes cercanas a Carrió dijeron que la diputada espera que el lunes la AFIP dé marcha atrás con los desplazamientos. Por las dudas, y durante la presentación de un libro de Mariana Zuvic en Corrientes, la líder de la CC avisó: "El Presidente va a tener que elegir entre la línea (Daniel) Angelici o la línea Carrió. Tiene tiempo para elegir, pero sabe: elige o cae". Y agregó eso de "si tengo que denunciar, denuncio. Aunque sea al Presidente de la República".

"Estuvo muy dura", reconocieron al mismo tiempo en el entorno de Carrió y en la Casa Rosada. Nadie podría sorprenderse por la alusión al presidente de Boca, blanco frecuente de los ataques de Lilita. Pero el "elige o cae" dirigido a Macri le heló la sangre a unos cuantos. Más allá de que la advertencia no requiere explicación, vale la pena aclarar que Carrió está convencida de que su apoyo es clave para sostener al Gobierno. Y, ahora, puso en duda ese respaldo.

Carrió eligió cerrar así la semana en la que no pudo alcanzar la presidencia de la comisión Bicameral que controla a los fiscales. Y, también, la semana en la que cruzó duro a Germán Garavano por haber dicho que "no es bueno que se pida la detención de un ex presidente".

Para ella, el ministro de Justicia expresa la voz de un importante sector del Gobierno que modificó 180 grados su mirada respecto de las prisiones preventivas en general y de la situación procesal de Cristina Kirchner en particular.

Por un lado, porque ese sector preferiría a Cristina como rival en las próximas elecciones presidenciales. Por el otro, porque el frente judicial que hoy acecha a la ex presidente podría acorralar en un futuro cercano a importantes empresarios involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas K y en otros expedientes judiciales.

Y allí, en ese rol de fiscal de la República autoimpuesto más allá de cualquier cargo, Carrió puso la lupa sobre los empresarios más cercanos a Macri. Los mismos que, según cree, está preparándose para proteger la Justicia y la Casa Rosada.

 

 

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, aseguró hoy desde Nueva York que los principales bancos del mundo confirmaron su intención de participar en el fideicomiso que hará de instrumento financiero para el inicio de la primera etapa de Red de Autopistas y Rutas Seguras mediante el programa de Participación Público Privada (PPP).

Dietrich culminó en Nueva York una ronda de presentaciones y reuniones ante diferentes bancos respecto de los contratos de Participación Público Privada (PPP) y al nuevo marco de integridad para proyectos de infraestructura de Argentina.

“Estamos muy contentos con la recepción de los bancos; los encuentros fueron muy positivos y dejaron despejado el camino para que volvamos a tener financiamiento de obra pública; ésta es fundamental para el crecimiento del país”, dijo Dietrich al respecto.

“Recibimos además un fuerte apoyo al proceso que está viviendo la Argentina y un reconocimiento a toda la transformación que iniciamos desde diciembre de 2015 en las licitaciones del estado, con parámetros de transparencia internacionales que rompieron con la carterización de la obra pública y que generan mayor competencia donde las obras valen la mitad que lo que valían antes”, agregó.

Dietrich se reunió hoy en Nueva York con las máximas autoridades de Citibank, Banco Itaú, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank y con la compañía suiza de servicios financieros UBS.

Ayer estuvo en la ciudad de Washington donde fue recibido por el Banco Mundial, el BID y la OPIC -Overseas Private Investment Corporation- que es la institución gubernamental estadounidense de desarrollo financiero.

 

Los contratos viales de Participación Público Privada prevén la ejecución de obras en más de 7.200 km de rutas nacionales, mediante la construcción de autopistas, rutas seguras, variantes y obras especiales, en el marco del Plan para la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras, con una inversión superior a los 12.500 millones de dólares.

El nuevo fideicomiso de financiamiento será creado en el marco de la ley 27.328 de Participación Público Privada. Este fideicomiso actúa de intermediario entre el sector financiero y las empresas constructoras para asegurar el comienzo de las obras en 6 corredores viales a través del sistema de PPP, cuyo inicio está previsto para fines de octubre y comienzos de noviembre.

El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año, de 1200 millones de dólares.

Fuente: Télam

Un delito no probado, las vueltas de la propia Justicia y la falta de pruebas sobre el ex presidente, eje central de la resolución que agitó el mundo de la política y benefició al ex Presidente

La culpa fue solo de la Justicia, dijo un juez. "Para todo lo que se debió probar, el tiempo pasó de largo", acotó su colega. El ex Presidente pudo no saber que, a sus espaldas, contrabandeaban armas a Croacia y Ecuador, opinó el tercero. Con estos argumentos, un fallo absolvió al hoy senador Carlos Menem y dejó en la nada su condena a siete años de cárcel.

Lo único que ahora podría revertirlo es que la Fiscalía pida que la Corte Suprema de Justicia dé vuelta esta decisión. El año pasado -cuando habilitó la candidatura de Menem a senador- el máximo tribunal ya se había quejado de los tiempos de la causa.

Ahora, por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que se habían vencido todos los "plazos razonables" para poder administrar justicia sobre Menem y otros imputados. Se cuestionó directamente a los tribunales anteriores por cómo tardaron 27 años en esclarecer esta causa que conmovió a la sociedad. Sin embargo, el fallo no impulsa ninguna investigación en el Consejo de la Magistratura por los responsables de esas demoras.

En el criterio mayoritario de Casación razonaron de esta manera: "Los hechos juzgados datan de los años 1991 y 1995 y llegado el último tramo del año 2018 aún no ha recaído sentencia firme. Es decir que tomado de su extremo han transcurrido más de 25 años –que es más del doble de tiempo, por ejemplo, de la prescripción de un homicidio- sin que las autoridades estatales hayan emitido un pronunciamiento definitivo sobre el asunto sometido a su conocimiento". Eso afectaba las garantías del derecho de defensa a ser juzgados en un tiempo lógico y por lo tanto todos los implicados debían ser absueltos.

El fallo, sin embargo, llegó en momentos en que solo se esperaba una revisión que confirmara la condena y dejara a Menem, a sus 88 años, a tiro de un pedido de desafuero para su detención. Precisamente, un debate que ocupa ahora la interna del gobierno de Mauricio Macri por las declaraciones del ministro de Justicia Germán Garavano sobre una eventual prisión preventiva de la ex presidente Cristina Kirchner que desataron la furia de la diputada Elisa Carrió.

Primero por el escándalo político, internacional y mediático que implicó para Menem. Segundo porque lo liga a la explosión de la fábrica militar de Río Tercero que provocó la muerte de siete personas –expediente en donde también es investigado-. Y tercero porque el caso llevó a Menem a estar preso un año y medio después de dejar la Casa Rosada (no en la cárcel, por su edad, sino en una quinta de Don Torcuato).

 

No es un dato al pasar que el caso de Menem sirvió como espejo para Cristina Kirchner cuando reclaman su detención. Ex presidentes, sospechados por corrupción en varias causas y con fueros como senadores.Menem tiene otra condena por la causa sobresueldos (que habrá que ver si es confirmada o no en Casación), dos juicios en marcha por el encubrimiento a la AMIA y por la venta del predio de la Rural y varias causas en estado embrionario, pero el caso de las armas fue crucial en su gobierno.

Lo que el fallecido ministro Carlos Fayt llamaba la "cronoterapia" funcionó aquí a la perfección: el caso empezó en 1995, pero Menem recién fue llamado por primera vez a indagatoria en 2001 y terminó preso. Pero un fallo de la llamada Corte menemista revocó la existencia de una asociación ilícita que vendió las armas.

La causa se fue concentró en el fuero penal económico y el ex presidente fue procesado en 2007. Para el 2008 empezó el juicio oral que duró tres años. En 2011, Menem y el resto fueron absueltos. En 2013, Casación revocó el fallo y los condenó. El tribunal oral ese mismo año fijó los montos de la penas: 7 años para Menem. Pero las defensas apelaron la cantidad de años y volvió a Casación. Cuatro años después, en 2017, Casación ratificó la decisión. En una apelación extraordinaria, la Corte Suprema sostuvo que no había existido un "doble conforme" a la sentencia y otra sala de Casación debía encargarse de forma urgente. Es así como se derivó en la absolución de ahora.

Con todos estos condimentos, Casación dijo por estas horas que Menem tenía que ser absuelto por contrabando de armas. Sabiendo  del impacto político que tendría su resolución, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, de la Sala III, explicaron a lo largo de casi 300 páginas por qué Menem tenía que ser absuelto por el caso en donde armas que debían por decreto a Panamá y Venezuela llegaron a Croacia y Ecuador. Uno a uno, aquí, el detalle de cada voto.

Liliana Catucci. Con severas críticas a la investigación, la jueza afirmó que no hubo contrabando, aunque dijo que sí pudo haber otros delitos a lo largo del caso que no se investigaron. "No pueda entenderse que exista un delito de contrabando cuando no se pudo precisar la norma prohibitiva y la actividad de la aduana no fue burlada porque respondía a  órdenes del Poder Ejecutivo Nacional -coincidentes o no los destinos reales del material exportado con el texto escrito", expresó.

Además, remarcó que hubo "graves defectos exhibidos en un trámite desmedidamente prolongado de 27 años" en donde "se acumularon más de 300 cuerpos con miles de fojas, a través de las cuales  todavía se discute la existencia o no de un contrabando".

Eduardo Riggi. El juez que hoy preside la Cámara de Casación también disparó sobre los tiempos de la causa: es más, pasó revista al trajín que tuvo el expediente a lo largo de 27 años y advirtió que esos vaivenes procesales para un caso de "contrabando documentado y de poca complejidad probatoria" obligaban a responsabilizar por ello "a los propios organismos del Estado". Es decir: la misma Justicia.

La demora de la causa "ocurrió por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes que resultaban los encargados de llevar adelante la persecución penal pública en tiempo y forma, extremo que claramente no puede ser soportado por los justiciables si es que se pretende respetar la garantía del debido proceso legal consagrada en nuestra Constitución Nacional", aseguró.

Desde el inicio de la causa –en momentos en que Menem era presidente- hubo un ritmo "lento, poco eficaz y sin un claro norte tendiente a descubrir la verdad real de lo acontecido". Y es "justamente el Estado sobre quien pesa la carga de llevar adelante el juicio dentro de plazos razonables", añadió. Y dejó asentado que rechazaba la idea dictada por otra sala de Casación sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Tanto Catucci como Riggi refirieron numerosa jurisprudencia, pero hicieron especial hincapié en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, en donde el máximo tribunal revocó un fallo que investigaba una defraudación al Estado: se había iniciado en 2002 y la condena había llegado en 2016. "En este reciente fallo se dejó por demás en claro que la obligación de velar por la celeridad del proceso recae sobre el Estado y que sólo excepcionalmente cabe atribuir a la conducta del imputado las dilaciones porque precisamente sus peticiones hacen al derecho de defensa en juicio", acotó Riggi.

Carlos Mahiques. En disidencia, el juez decidió inclinarse por la confirmación de las condenas de un grupo de procesados: los ex directores de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Teresa Irañeta de Canterino, el "arrepentido" Luis Sarlenga, Julio Sabra, Carlos Nuñez, Haroldo Luján Fusari y el traficante de Diego Palleros. Pero excluyó en esa nómina al ex presidente Menem y a quiera fuera titular de Fabricaciones Militares, Jorge Cornejo Torino. Aseguró que no estaba probado que Menem y Cornejo hubiera sabido de los negocios que estaban haciendo por debajo de su estructura.

"No encuentro debidamente probada la intervención que, como coautor, se le imputa a Carlos Saúl Menem en los diez hechos de contrabando investigados.  Si bien es claro que en su carácter de Presidente de la Nación ostentaba una posición de especial relevancia y preeminencia, no es jurídicamente admisible que de esa sola circunstancia se derive su responsabilidad penal por la actuación dolosa o culposa que pudo caberle a cualquiera de sus subordinados o integrantes de los organismos de la administración", dijo.

Y disparó una frase sobre la que en Comodoro Py se prestó atención: "En estructuras jerárquicas de poder como el Estado, donde rigen sistemas de control de los actos administrativos como los aquí investigados, las fallas por déficit de supervisión o por infidelidad de los funcionarios deben ser primero comprobadas; como así que quien obró en esa cadena de toma de decisiones, o bien conozca la falla del sistema y se valga de ella, o la provoque con el objeto de otorgarle luego un viso de licitud. Es, entonces, allí donde radica la causa de la responsabilidad penal, pues de lo contrario importaría una imputación en términos de responsabilidad objetiva".

Con todo esto, el fallo de Casación podría llegar a la Corte Suprema de Justicia si es que fiscal de apela la resolución. Las defensas podrían hacerlo, pero es casi imposible que elijan cuestionar una resolución que ni siquiera los más creyentes auguraban.

Fuente: infobae.com