La norma actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y ordena reabrir las paritarias del sector.
Pese a que le quedaba aún un día por reglamento, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada días atrás en el Congreso.
El expediente ya fue remitido al Congreso, y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.
La norma en cuestión había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. Sin embargo, no llegó a los dos tercios, que es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.
En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.
La ley vetada por Milei establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente.
Además, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO PARA VETAR LA LEY
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.
En el veto, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.
Asimismo, advierte que las fuentes indicadas para el financiamiento (como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y la reasignación de partidas) resultan "genéricas", no se relacionan de manera directa con los nuevos gastos previstos y no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos.
Además, también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
Este gasto "sin respaldo real", según la Casa Rosada, sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
Fuente: datachaco.com
