El gobierno de la provincia del Chaco declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto donde dice: "La realidad del delito encontró al Estado con una capacidad limitada para dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad". A partir de ello, las autoridades establecieron un plan de acción para afrontar esta realidad.
Esta decisión del ejecutivo llega en un contexto de aumento los índices delictivos, y también a la demanda constante de la sociedad de acciones concretas en la lucha contra la delincuencia.
A partir de esta realidad el Gobierno realizó un nuevo decreto donde establece un plan de acción para combatir los hechos delictivos.
En este documento firmado por Jorge Milton Capitanich y Gloria Beatriz Zalazar, el gobernador de la provincia establece que, a partir del primero de agosto de este año, será obligatoria la validación de identidad digital en la plataforma "Tu Gobierno Digital" para poder realizar Denuncias virtuales a fin de permitir la verificación fehaciente de la identidad del denunciante.
También en el documento el Gobierno, insta al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de la Provincia, que se establezcan mecanismos para agilizar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Ley Nacional N° 20.785 que establece la custodia y la disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales y la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Ley Provincial N° 1238-A, es decir que dichos bienes se utilizarán para el cumplimiento de la función de seguridad pública y ciudadana.
De esta manera, los vehículos adquiridos o incorporados a través de ese mecanismo destinados a la Policía de la Provincia del Chaco o a las fuerzas de seguridad federales, según corresponda. Deberán, sin excepción, estar identificados con la leyenda "Policía de la Provincia del Chaco", "PSA", "PFA", "GNA", "PFA", logo distintivo y número identificatorio en ambas puertas delanteras, con excepción de aquellos que cumplan tareas estrictamente investigativas y cuyo listado será comunicado al Ministerio de Seguridad y Justicia y Ministerio de Seguridad de la Nación.
Además, en el decreto se estableció un plan de acción, que se llevará a cabo para combatir estos hechos delictivos constantes, que además van en aumento. El mismo consta de ocho puntos.
En primer lugar, habrá operativos de control moto vehículos, para prevenir los delitos cometidos con este rodado, los cuales son frecuentes en la provincia. Para llevar adelante este punto, se delimitaron zonas y franjas horarias donde va intervenir el personal policial.
Estos controles constarán de la Identidad del conducto, la titularidad del bien y dominio del mismo y las conductas adecuadas de circulación. En estas tareas tendrán intervención personal de fuerzas provinciales y nacionales, y también trabajo articulado con las Guardias Urbanas Municipales.
El segundo punto tiene que ver con la identificación y comisarías digitales, la medida de la identificación digital del denunciante, se complementará con los sistemas de recepción de denuncias actualmente vigentes es decir en comisarías, a través del 911, y ahora llegará Aplicación de "Denuncias Digitales Chaco" donde se podrá firmar de documentos de manera virtual.
Tal es así que se generarán cien comisarías virtuales que contarán con jefaturas operativas de seguimiento, contarán con personal asignado a la tarea específica de recepción y derivación inmediata al Ministerio Público Fiscal, para que a través de la Mesa Única de Intervención Temprana se proceda a la ratificación y ampliación de las denuncias.
Estas comisarías darán notificación en tiempo real de las denuncias recibidas al 911, además esta tecnología permitirá a los operadores conocer la localización exacta del llamado e informar al Ministerio Público Fiscal.
En el tercer punto lo establecido tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de videovigilancia público a través de la incorporación a la red de las cámaras a las privadas esto quiere decir, que las cámaras instaladas en inmuebles que den y capten imágenes exclusivamente del espacio público, serán susceptibles de formar parte de la red de cámaras de videovigilancia perteneciente al Poder Ejecutivo provincial.
A partir de esta decisión, el cuarto punto en el mismo orden que el anterior constará de la incorporación de trescientas cámaras de seguridad, serán un total 1500 de carácter público, las que, junto a la incorporación de dos mil privadas, permitirán alcanzar una meta de tres mil quinientos aparatos en funcionamiento.
El quinto punto tiene que ver con los corredores de seguros escolares, para este trabajo se realizó un mapa de vulnerabilidad abarcativo de aquellos establecimientos que requieren una mirada especial por representar puntos críticos establecidos por los mapas del delito.
Aquí se reforzarán los horarios de ingreso y salida de clases de los diferentes turnos, en los accesos a las instituciones, inmediaciones, paradas de transporte, avenidas principales entre otros puntos estratégicos de cada sector.
El sexto punto tiene que ver con la intervención de bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión o tentativa de delitos de narcotráfico y crímenes organizados. Se realizarán trabajos para combatir eficazmente el delito organizado, para ello será necesario la desarticulación económica de las bandas criminales, a través de mecanismos legales que desemboquen en el desapoderamiento de aquellos bienes muebles e inmuebles que utilizan para llevar adelante sus delitos.
El séptimo punto por su parte trata de la optimización de recursos humanos y materiales policiales que estarán afectados a las tareas de prevención, aquí se intentará lograr el incremento de la cobertura territorial.
También, operativos dinámicos de prevención y optimización de recursos: la Jefatura de Policía, a través, del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), dispondrá de 500 agentes y de 200 móviles policiales de forma diaria para operativos según el mapa de delitos que se confeccionará a diario, en zona de influencia del micro y macrocentro de la ciudad de Resistencia.
El octavo y último punto del plan de acción tiene que ver con el incremento de espacios destinados al alojamiento de las personas privadas de libertad en la órbita del servicio penitenciario y de readaptación social a fin de permitir la desafectación de personal policial asignado a tareas de cuidado y custodia y de espacios dentro las unidades policiales destinados para su alojamiento, lo cual implica mayor disponibilidad de personal policial para ser afectado a tareas de prevención.
Fuente: diariotag.com
