Viernes, 08 Mayo 2026
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Se espera que esta semana se complete la designación de las y los 16 integrantes de la Bicameral Permanante. El Gobierno tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar el texto para su tratamiento legislativo.

Las autoridades del Congreso Nacional buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei.

Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.

En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente "cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación", con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.

El Gobierno envió el viernes último la convocatoria a extraordinarias desde este martes y hasta el 31 de enero pero no incluyó el tratamiento del DNU de desregulación económica

Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, "dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente".

De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.

En su participación en el programa de Mirtha Legrand el sábado último, en Canal 13, Milei puso el acento en la importancia que representa para su plan de gobierno la aprobación de esa nota y se mostró confiado en lograrlo: "Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo", remarcó.

"Apuntamos a que haya un shock de inversiones gracias al shock de libertad que damos en ese DNU", apuntó Milei, quien sostuvo que "la clave de este plan es que el aumento de ahorro por el ajuste tenga contrapartida en inversión".

"La idea es que haya un shock de inversiones como consecuencia de un shock de libertad con quita de regulaciones", completó.

El decreto de necesidad y urgencia de desregulación de diferentes aspectos de la economía fue anunciado el miércoles pasado por el mandatario a través de una cadena nacional, en tanto, al día siguiente, quedó oficializado con su publicación en el Boletín Oficial.

La norma en cuestión, que ahora deberá ser analizada por el Congreso, deroga una treintena de leyes -como la de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento- establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización

De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción ficta" o tácita.

De hecho, el Congreso Nacional hasta ahora no derogó ningún DNU pero tampoco nunca se habia dictado una norma que contiene mas de trescientos reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días y se espera que esta semana oficialicen la designación de los 16 miembros que tendrán la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuya presidencia este año le tocará ejercer a la Cámara alta, ya que su último titular fue el ex diputado Marcos Cleri (FDT).

De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves último en el Congreso Nacional, y se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es "central" y se está "trabajando para poder constituirla".

"Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo", concluyó.

La integración de la Bicameral

En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).

Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.

Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, a quien la Libertad Avanza propone como presidente de la bicameral.

También estarían en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.

Por Diputados, en tanto, están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal.

Aún no está definido si Unión por la Patria se quedaría con 4 ó 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.

Además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.

Desde la UCR y el acuerdo parlamentario piden que el Gobierno convierta ese DNU en varios proyectos de ley, pero el oficialismo no acepta hasta ahora ese pedido ni tampoco dividir el decreto.

Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU es que su tratamiento debe ser en conjunto y no se puede fragmentar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.122.

En ese sentido, se establece que "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".

Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto de ley tendiente a modificar el marco normativo que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

Desde la principal fuerza opositora, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, define su estatregia con organizaciones sociales y la CGT, que el miércoles realizará una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto.


Fuente: Télam

Hubo fuertes aumentos en la Costa Atlántica de cara al verano 2024 que se avecina.

Uno de los destinos más concurridos de la Argentina durante el verano es Mar del Plata, la ciudad balnearia más importante de la Costa Atlántica y que año a año convoca a cientos de miles de turistas que vacacionan en sus playas y además aprovechan para disfrutar una gran oferta gastronómica, cultural y deportiva.

Siempre se dijo que Mar del Plata es una ciudad para todos los bolsillos, debido a que cuenta con zonas más populares como La Perla, el Centro o Punta Iglesias en las que alojarse resulta un poco más económico y salir a comer afuera es más llevadero, aunque este año los retoques de precios alcanzaron a todos los sectores de la ciudad y si una familia tipo pretende pasar la primera quincena de enero allí debe desembolsar al menos un millón de pesos. Esa cifra se incrementa si se eligen barrios más acomodados de la ciudad, como Güemes o las playas del sur.

Antes que nada está el pasaje: el costo de un boleto semicama en colectivo ronda los $36.500, por lo que para cuatro personas si se suma el total del trayecto de idea y la vuelta el monto a pagar asciende a los $292.000. En el caso de que se desee optar por un ticket en asiento cama, la tarifa trepa a $40.000 por persona por tramo.

Alojarse en un departamento de dos ambientes para cuatro personas del barrio de La Perla en la primera quincena de enero (del 1° al 15°) que cuenta con un dormitorio principal y un living con sillón salto de cama para los más pequeños cuesta $693.700 más un extra de $4.500 por servicio de limpieza.

En la zona de la calle Güemes, un centro comercial a cielo abierto que cuenta con una amplia oferta gastronómica y locales de ropa de primer nivel, alojarse por el mismo período en un departamento de tres ambientes con cuarto principal con cama matrimonial, más una pieza secundaria con dos camas individuales y un sofá cama en el living cuesta $841.770.

Ya si se pretende estar en Playa Grande la cifra asciende de manera sustancial: un departamento de dos ambientes con un cuarto con cama matrimonial y un living que cuenta con un sofá cama cuesta $1.502.450. Si durante su estancia en Mar del Plata una familia tipo además quisiera alquilar una carpa debería desembolsar no menos de $30.000 diarios.

Con respecto al costo de vida en diciembre se calculó que la canasta básica de una familia tipo para no caer en la pobreza es de $390.000, por lo que prorrateado por una quincena la cifra es de $182.000 para cuatro personas, siempre consumiendo productos básicos.

Por lo tanto, si se toma la opción más económica de alojamiento en La Perla ($693.700) y a eso se le suma el costo de pasajes ida y vuelta a Mar del Plata para cuatro personas ($292.000) y el costo de vida por 15 días ($182.000) la cifra mínima que debería abonar una familia tipo para la mencionada estancia es de $1.167.700.


Fuente: NA

Luego de la fuerte lluvia de este lunes por la madrugada, las condiciones del tiempo comenzaron a mejorar y el pronóstico anuncia baja nubosidad y ascenso de temperatura para los próximos días en Resistencia y alrededores, desmejorando para el viernes, con tormentas aisladas.

En detalle, para este martes se espera cielo algo a parcialmente nublado por la mañana, y despejado a algo nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 30 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se prevé cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al sudoeste, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 32.

En tanto, para el jueves se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con 21 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo inestable, con tormentas aisladas, y una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32.


Fuente: datachaco.com

La ministra de seguridad necesita de una herramienta similar a la norma estadounidense que permitió acabar con el poder de la mafia italiana en Nueva York.

Junto al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo importantes anuncios en Rosario para combatir el crimen y el delito producto del narcotráfico en una de las ciudades que en las recientes fiestas navideñas, volvió a sufrir hechos de sangre.

En una escala menor a la crisis de seguridad en Nueva York durante la década del "70, una ciudad manejada entonces por el poder de cinco familias mafiosas de origen italiano, Rosario vive una pesadilla producto de la comercialización de estupefacientes y la lucha sin cuartel entre clanes que intentan manejar el negocio ilegal de manera monopólica.

En ese contexto, Patricia Bullrich expresó, "Vamos a trabajar en una ley similar a la Ley Rico norteamericana",  al tiempo que aclaró: "Se trata de una ley que hace que cuando uno sabe perfectamente que una persona pertenece a una organización, el delito recae sobre todos sus miembros".

Se trató de un párrafo de anuncios, entre varias medidas legales, como analizar la ley de seguridad interior, para permitir al ejército actuar en el territorio nacional ante situaciones de crisis, y anuncios de refuerzos de personal de Gendarmería para destinar a las calles de Rosario, como el grupo motorizado "Los Linces".

Sin embargo, el anuncio en el que están trabajando sus asesores legales para crear una herramienta jurídica similar a la Ley Rico de los EE.UU. que es una base legal para desarticular bandas mafiosas y extorsivas, fue el anuncio más sustancioso para contar con herramientas legales que permitan combatir el crimen organizado, aunque fue explicado de manera rudimentaria por la ministra.

Lo primero que hay que decir es que la Ley Rico es una amplia base legal, cuyo acrónimo significa, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, sancionada por Richard Nixon e implementada por el entonces, fiscal, Rudolph Giuliani y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

En la lucha contra las operaciones de la mafia en Nueva York, hubo un antes y un después de la aplicación de la Ley Rico.

Antes, el FBI, la Justicia y el fiscal perdían por goleada contra los integrantes de la Cosa Nostra americana. Sencillamente, los mafiosos estaban siempre un paso por delante de las autoridades y, si bien se detenían algunos "soldados" y, unos pocos "lugartenientes", las operaciones seguían y los grandes mafiosos eran intocables.

Ante el descontrol de la vida diaria en "la gran manzana" en la década del "70, los políticos de Washington D.C. recordaron que el profesor Robert Blakey continuaba enseñando leyes en la Universidad de Cornell y que había sido el propio académico el creador de la norma federal.

Para los jefes del FBI en el terreno se trató de una revelación porque, según recordó el supervisor de los federales, Jim Kosller, "…Nueva York estaba en manos de la mafia, el gobierno no podía controlar mucho y la gente no creía que la policía pudiera hacer algo con la mafia, iban a estar ahí por siempre".

Algunas de estas declaraciones podrían extrapolarse a la actualidad rosarina y al pensamiento profundo de sus habitantes. Y, si bien, el poder de los mafiosos neoyorkinos no puede compararse ni por casualidad con los clanes que utilizan desclasados para el narcomenudeo y el sicariato, si se viven días de tragedia por el aumento y la difusión de las armas letales entre los grupos en pugna.

El profesor Blakey los orientó en su accionar: "…les decía, tienen que derribar la organización, y no derribarán la organización si no se concentran en ella. Al establecer a las personas como jefes y miembros de la organización, ahora están vinculadas. Gracias a la Ley Rico podían condenar a una persona por haberle ordenado a otra que cometiera un crimen. Así se podía procesar a un grupo de personas por cometer los crímenes en conjunto. Así podías ir contra toda la organización. Deben poder probar que este crimen estuvo relacionado con una organización que se dedica a estos actos. Deben procesar a los mafiosos no como personas individuales, sino como un grupo de personas que comete crímenes como negocio".

Adaptar esta ley norteamericana al ambiente normativo argentino será un desafío para los asesores de Patricia Bullrich, pero tienen visto bueno de Javier Milei para avanzar con la herramienta legal  que puede derribar cualquier organización de narcomenudeo en cualquier provincia nacional.

Lo que la historia reciente demuestra es que el poder de la poderosa mafia ítalo-estadounidense se desmoronó al aplicarse este corpus legal, pero, además, esta norma federal fue reglamentada en los distintos estados norteamericanos y, en algunos casos, la ley se volvió más estricta y posibilitó que se la utilizará más allá del ámbito del crimen organizado.

Con la ley RICO en la mano, los demócratas de Georgia, lograron que un gran jurado acusara a Donald Trump y, a otros 18 de sus partidarios, de conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial en ese estado, en el que Trump perdió por poco menos de 12.000 votos contra Joe Biden. Paradójicamente, su abogado defensor es Rudolph Giuliani que también ha sido objeto de controversias judiciales y al que se lo acusa bajo la ley RICO.

Otro caso importante donde se utilizó esta plataforma legal fue la investigación contra las autoridades de la FIFA. A fines de 2017, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto de 14 dirigentes de la FIFA de ese entonces, bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde Estados Unidos, donde además recibían los pagos por actividades corruptas.


Fuente: diariotag.com