En los últimos días, se intensificaron los controles para verificar el cumplimiento de la Ley 7272, la cual dice que los motociclistas sin casco no podrán abastecerse de combustible.
Esta medida, que ha sido reactivada tras un período de laxitud en su aplicación, busca fomentar el uso responsable del casco, pero también ha desatado situaciones violentas y tensas entre clientes y empleados de las estaciones de servicio.
Ante esto, el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, Miguel De Paoli, en contacto con Radio Libertad describió el impacto de esta medida en el sector.
«La ley siempre estuvo vigente, pero durante un tiempo los controles se relajaron. Ahora, con su reactivación, algunos usuarios han reaccionado de manera violenta al no poder cargar combustible por no llevar casco», explicó De Paoli. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió cerca de la medianoche, cuando un motociclista, tras serle negada la carga de combustible por no cumplir con la normativa, sacó un arma, lo que generó gran temor entre los empleados de la estación.
«El riesgo al que están expuestos los trabajadores es muy alto. Ellos solo deberían cargar combustible y cobrar, pero ahora también tienen que hacer cumplir la ley, lo que los pone en situaciones peligrosas», continuó De Paoli, visiblemente preocupado. «Nosotros, como expendedores, no estamos en condiciones de actuar como agentes de control de tránsito. Esa es una función del Estado», añadió.
Un problema de seguridad pública
De Paoli reflexionó sobre la situación en las calles: «La anarquía vial que estamos viviendo en Resistencia y en las rutas provinciales es alarmante. No es solo el uso del casco, sino también la cantidad de infracciones de tránsito que se cometen, como cruzar semáforos en rojo o circular sin luces. Esto debería estar bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito y no de los trabajadores de las estaciones».
El referente también destacó que este no es un problema nuevo.
Desde 2013, cuando se promulgó la ley que exige el uso del casco para cargar combustible, se han generado polémicas y discusiones sobre la responsabilidad de los expendedores en su cumplimiento. «Ya en ese momento advertimos a las autoridades de las posibles consecuencias de esta medida. Los trabajadores no pueden ser puestos en la situación de decidir si alguien puede o no cargar combustible», expresó.
La falta de control
Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a quién debería ser el encargado de controlar el cumplimiento de la ley. «Nosotros no podemos sancionar ni penalizar a una persona por cómo llegó a la estación. Si alguien se presenta con el casco, le cargamos combustible, pero no podemos vigilar si luego se lo quita o si incumple otras normas de tránsito», dijo De Paoli.
Además, el referente fue claro en que el problema no se limita al casco. «El uso de luces, el respeto a los semáforos, todo esto forma parte de un sistema de seguridad vial que está deteriorado. Si la Municipalidad aplicara multas por todas las infracciones que se cometen, podríamos resolver gran parte del problema de financiamiento municipal», opinó con un tono irónico.
De Paoli señaló que el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación. Comparó la situación en Resistencia con Posadas, en Misiones, donde hace ocho años el intendente decidió hacer cumplir estrictamente la normativa vial.
«Allí se implementó de manera efectiva el uso del casco y hoy es un ejemplo a seguir. Pero para que esto funcione, tiene que haber una decisión política firme de hacer cumplir la ley», afirmó.
Responsabilidad para los privados
El referente de los expendedores subrayó que la solución pasa por fortalecer los controles de las autoridades competentes, no por delegar responsabilidades en los empleados de las estaciones de servicio. «El empleado está ahí para cumplir con su trabajo, no para hacer de policía de tránsito», señaló.
Por otra parte, el referente de la Cámara sugirió que se asignen agentes de control en las estaciones o se intensifiquen las inspecciones en las calles para evitar que los expendedores sean los encargados de hacer cumplir la ley.
«El Estado no puede delegar su poder de policía en los privados. Necesitamos que se tomen medidas más efectivas en cuanto a los controles y que no se exponga a los trabajadores a situaciones de riesgo», reiteró.
Fuente: diariolavozdelchaco.com
