Viernes, 20 Noviembre 2026
giweather joomla module

La Corte Suprema puso un freno a los aumentos de las prepagas: deberán tener autorización del Gobierno

La Superintendencia de Servicios de Salud recuperará la facultad de revisar y autorizar los incrementos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aumentar libremente el valor de sus cuotas sin la autorización del Gobierno. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar las tarifas del sector.

Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de los planes médicos. El organismo también tendrá que verificar que los incrementos sean razonables y estén respaldados por la evolución de los costos y un cálculo actuarial adecuado.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además, representa la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el decreto de desregulación económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El caso comenzó con la presentación judicial de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según los antecedentes de la causa, si se hubiera aplicado el esquema de actualización que regía antes de la desregulación, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aumentar libremente el valor de sus cuotas sin la autorización del Gobierno. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar las tarifas del sector.

Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de los planes médicos. El organismo también tendrá que verificar que los incrementos sean razonables y estén respaldados por la evolución de los costos y un cálculo actuarial adecuado.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además, representa la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el decreto de desregulación económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El caso comenzó con la presentación judicial de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según los antecedentes de la causa, si se hubiera aplicado el esquema de actualización que regía antes de la desregulación, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

A partir de ese reclamo, la Cámara Federal de La Plata había cuestionado la eliminación de los controles estatales. La causa llegó a la Corte luego de que tanto la empresa de medicina prepaga involucrada como el Estado Nacional presentaran recursos.

Uno de los puntos centrales de la sentencia es que la restitución del control estatal no significa que los aumentos deban ajustarse obligatoriamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Corte revocó la parte del fallo de la Cámara que establecía ese límite. Por lo tanto, las empresas podrán solicitar incrementos fundamentados en sus estructuras de costos, pero deberán someterlos a la revisión de la autoridad de aplicación.

De esta manera, el máximo tribunal restableció la intervención regulatoria del Estado, aunque no fijó un porcentaje máximo para las actualizaciones de las cuotas.

Para declarar la inconstitucionalidad de los artículos, los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un decreto las facultades de control estatal.

El tribunal sostuvo que la referencia a una crisis del sistema de salud y a la necesidad de mejorar la competitividad no alcanzaba para acreditar una urgencia que impidiera el tratamiento de una ley en el Congreso.

La sentencia se limita a los artículos vinculados con la desregulación de las cuotas de las prepagas y no implica un pronunciamiento sobre el resto del DNU 70/23.

El fallo también podría tener repercusiones en cerca de 500 causas similares que permanecen pendientes de resolución en distintos tribunales del país, además de otros reclamos presentados por afiliados.


Fuente: datachaco.com